La violencia contra Cali

Enero 16, 2022 - 06:55 a. m. 2022-01-16 Por: Editorial .

Por insólito que parezca, Cali ha sido objeto de una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo ante el mayor riesgo de acciones por parte de grupos armados ilegales y crimen organizado. Frente a ello se hace necesario exigir de las autoridades, empezando por el Gobierno Municipal, que se haga lo necesario para proteger a una sociedad expuesta a la violencia organizada.

Diez meses de investigaciones de la Defensoría la llevaron a concluir que la capital del Valle padece “la presencia de manera itinerante y en tránsito de unos actores armados ilegales, como son los grupos delincuenciales organizados, (…) de facciones de las Farc, del Eln, de carteles operados o tercerizados y de grupos delincuenciales organizados, lo que conocemos como las ‘franquicias’”. En otros términos y durante más de un año, Cali es objetivo de toda clase de organizaciones criminales y las autoridades deben actuar con decisión contra esa amenaza.

Lo anterior no puede llevar a desconocer la presencia permanente de la Fuerza Pública y del Gobierno Nacional para enfrentar esa violencia.
Pero sí demanda la urgencia de tomar medidas para ofrecerle a la ciudad y a sus millones de habitantes la protección que requieren contra un fenómeno que no puede seguir justificándose como un estallido social, según la costumbre del alcalde de la ciudad.

Ello explica en gran parte los ataques que se han presentado en Cali dejando víctimas, produciendo daños, destruyendo bienes públicos y privados, y sembrando el terror. Y ante todo, el secuestro de que fue objeto a partir del 28 de abril de 2021 y durante dos meses en los cuales se produjeron toda suerte de atentados, de vandalismo, de escasez y de racionamientos.

No es cualquier municipio el que es objeto de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. Es una ciudad de casi tres millones de habitantes, la tercera del país y la más importante del suroccidente colombiano que está en la mira de la delincuencia y es objeto de sus acciones, muchas de ellas disfrazadas de protestas sociales.

Contrasta con ello la actitud del Gobierno Municipal frente a la seguridad que está obligado a ofrecer a los caleños. Reducir en más del 20% el presupuesto destinado a la seguridad y su interés por legitimar a quienes han sido factores decisivos en esa violencia, deja la sensación inaceptable de que el ataque del terrorismo y del vandalismo no es su problema. Más aún cuando, como lo hace ahora, descarga en las autoridades nacionales mucha de la responsabilidad que le corresponde como mandatario de los caleños.

La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo es un nuevo llamado a las autoridades locales y nacionales a trabajar de manera conjunta y denodada en conjurar las amenazas que se convierten en realidades aterradoras como la destrucción de la infraestructura en la ciudad o mediante atentados como el que dejó quince policías heridos hace dos semanas. Para eso existe el Estado de Derecho y para eso la Constitución ordena al Alcalde y a las autoridades nacionales proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos, incluyendo a los habitantes de Cali.

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