La verdad de Tierralta

La verdad sobre lo ocurrido en Tierralta, Córdoba, donde militares se hicieron pasar por disidentes guerrilleros e intimidaron y violentaron a civiles, debe prevalecer y tiene que conocerse. En ese propósito no hacen ningún bien los enfrentamientos entre los poderes del Estado, ni las acusaciones sin fundamentos, ni mucho menos los sesgos ideológicos.

En los videos difundidos, se puede ver cómo hombres vestidos con prendas militares amenazan e intimidan, apuntando con armas de largo alcance, a un grupo de campesinos, entre ellos mujeres con niños en brazos, habitantes de la vereda El Manso, en Tierralta, al sur del departamento de Córdoba. En las primeras declaraciones de las autoridades se afirmó que eran integrantes de las disidencias de las Farc, lo que rápidamente se desvirtuó al comprobarse que se trataba de militares de la Séptima División del Ejército.

Por los graves sucesos hay diez soldados retirados del servicio, mientras comienzan las investigaciones que deberán conducir a darle claridad a lo ocurrido. Es imperante conocer si se trató de un hecho aislado o es parte de acciones reiterativas en la región; así mismo, si los implicados seguían órdenes superiores o cuáles eran sus intenciones al actuar con violencia sobre la población civil. Es un caso claro de violación de los derechos humanos sobre el que se debe saber toda la verdad, que no admite dejar el mínimo manto de duda sobre lo acontecido.

Es por ello que, además de premura en las indagaciones, se debe pedir prudencia, en especial del Gobierno Nacional y de las entidades de Justicia, incluidas la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Militar. Mientras no se tenga certeza sobre lo que en realidad pasó de poco sirven las especulaciones ni las acusaciones ligeras, incluso las que ha lanzado el Presidente de la República, Gustavo Petro, al asegurar que no se trata de “un hecho aislado” y que “los que dieron la orden es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares, es decir, que repitamos la historia”.

Son graves las afirmaciones del Primer Mandatario, en primer lugar, porque siembran desconfianza en las Fuerzas Militares del país, de las que él es el Comandante Supremo. Las conjeturas le provocan un profundo daño a la institucionalidad, como lo hacen los enfrentamientos entre el jefe del Estado y el Fiscal General de la Nación al discutir sobre quién recae la responsabilidad de investigar lo ocurrido.

De comprobarse los hechos de Tierralta se estaría frente a delitos que afectan los derechos humanos de la población civil mientras se configura en una clara violación del Derecho Internacional Humanitario. Con el agravante de ser cometidos por funcionarios públicos, precisamente encargados de velar por la seguridad de la Nación y que generar confianza entre sus habitantes. Por ello, se requiere de la intervención de todas las instancias judiciales, encargadas de investigar, acusar y castigar a quienes se determine como culpables.

Para Colombia, y para sus Fuerzas Militares, sería imperdonable que se revivieran épocas aciagas como las del paramilitarismo o los falsos positivos. Tampoco le hace ningún bien que, sin que se conozcan aún las conclusiones, se mancille a priori el nombre de una institución que ha protegido durante doscientos años el territorio nacional y ha cuidado a los colombianos.