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La reforma
a la Justicia

Junio 17, 2021 - 11:55 p. m. 2021-06-17 Por: Editorial .

En la recta final de la legislatura, el Senado de la República aprobó una reforma a la ley estatutaria de la administración de Justicia en Colombia.
Fue la primera vez en más de diez años que los legisladores logran algún cambio para resolver una de las crisis más profundas de la institucionalidad en nuestro país.

Aunque está pendiente la conciliación con el texto aprobado por la Cámara de Representantes el pasado mes de mayo, ya puede afirmarse que no es la gran reforma que resolverá el nudo gordiano en que se encuentra la prestación de un servicio público esencial para la paz, la convivencia y la estabilidad de la Nación. No obstante, algunas de sus propuestas pueden considerarse como buenos aportes para ese propósito.

Según el Ministro de Justicia, uno de los principales objetivos del proyecto es “agilizar las respuestas a los requerimientos de los servicios esenciales de acceso a la Justicia y el fortalecimiento normativo para la transformación digital que permita adoptar el expediente digital en todas las disciplinas jurídicas”. En otras palabras, se consolida el intento por darle agilidad a la resolución de los conflictos que están en la Rama Judicial mediante el uso de la tecnología digital.

También se aumentó el ingreso para la Rama a través del presupuesto público. Sin embargo, no parece claro cómo hará el Estado para cumplir ese compromiso en momentos en que la pandemia y la consecuente recesión está causando severos y prolongados déficits en los ingresos del tesoro público. Más aún, cuando la necesidad más acuciante es enfrentar la pobreza que ha llegado al 42% de los colombianos y son muchos los hogares que necesitan del apoyo estatal para recuperar sus condiciones de vida.

De otra parte, el articulado crea nuevas facultades de elección para los integrantes de las altas cortes. Es decir, profundiza su participación en procesos electorales de funcionarios de la Rama, algo que desconoce el daño que causó el que la Constitución del 91 les haya entregado esa función, causa de conflictos y de polémicas al desviar a los magistrados de lo que debe ser su único propósito, el de impartir recta y cumplida justicia.

Otros de los puntos destacados incluyen la reglamentación de la Comisión de Disciplina Judicial que inició funciones a comienzos del 2021, así como modificaciones que pretenden fortalecer la carrera judicial. Sin embargo, debe resaltarse que el Consejo Nacional de la Judicatura ya advirtió el posible incumplimiento del mandato de la Corte Constitucional que en sentencia de 2006 estableció que los miembros de las altas cortes están encargados de administrar justicia y que las decisiones en materia de gobierno judicial corresponden al órgano de administración de la Rama.

Son muchos más los puntos de la ley en trámite final que causarán discusión y serán objeto de demandas. Pero de nuevo, hay que destacar como positivo que el Congreso pudo aprobar una reforma, aunque tímida, a la Justicia.

Por último, cabe preguntar si lo aprobado servirá para acabar con la impunidad y con los problemas que destruyen la confianza en la Justicia colombiana.

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