La política antidrogas

La anunciada política nacional contra las drogas, que se esperaba fuera presentada por el Presidente de la República durante la Conferencia Latinoamericana y del Caribe celebrada en Cali, se quedó en veremos. Los apartes que se conocen, sin embargo, permiten prever un tono más moderado al que ha mantenido el Mandatario de los colombianos y sin entrar en contradicción con los compromisos internacionales adquiridos por el país, a la vez que se ajusta a las leyes vigentes.

En entrevista con El País, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, contó las generalidades de esa nueva política y quedó claro que se mantendrá el compromiso del actual gobierno de tender su mano suave a quienes define como “el eslabón más débil de la cadena’, es decir los pequeños cultivadores ilícitos y a los consumidores, que significan un problema social que como tal se debe tratar.

Las estrategias van desde permitir la siembra de hoja de coca con fines no narcóticos, es decir, para producción alimentaria, textil o medicinal. Pasa así mismo por la tradicional sustitución de cultivos, aunque ahora con la condición de que se creen asociaciones comunitarias para que sea efectiva, o que los cocaleros dejen sus parcelas y se les entreguen tierras de la reforma agraria, en zonas menos violentas, con la condición de que arranquen hasta la última mata ilegal. Por último, está el pago por servicios ambientales para que siembren bosques donde antes había coca, y los cuiden.

Son buenas intenciones que deberían tener ya fechas de inicio y asegurados los recursos para lograrlo. Ya se cumplió un año del actual gobierno y entre más tiempo pase sin que se aplique la nueva política contra las drogas, los cultivos ilícitos seguirán creciendo en Colombia. Aunque según informes oficiales el valor que se paga por la hoja de coca en el país se ha reducido en un 40%, han aumentado las hectáreas sembradas ilegales.

Según el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2022 hubo un crecimiento del 12,7% de las tierras cocaleras, con lo que se alcanzó una cifra récord de 230.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Por ello urge que se adopten las medidas necesarias para cumplir con el propósito de liberar al campo y las selvas colombianas de la coca.

En cuanto a la política internacional, según las declaraciones del ministro Osuna, es claro que aún no hay ambiente para insistir en un cambio de las estrategias mundiales, incluida la legalización de la cocaína. Hace bien Colombia en respetar los tratados suscritos en ese campo y en mantener la persecución o “asfixiar” a los eslabones fuertes de la cadena del narcotráfico. Es una lucha en la que no se puede ceder, entre otras razones porque sigue siendo el flagelo que más violencia causa en la nación y deja una estela de crímenes y terror que no parece tener fin.

Colombia sigue a la espera, entonces, de que el gobierno de Gustavo Petro decida presentar su política nacional contra las drogas. Se tiene que pasar de los anuncios y los discursos retadores a que se concrete lo que será la lucha contra uno de los males más perversos y dañinos que afectan al país y a su sociedad.