La minería ilegal

La minería ilegal en Colombia sigue teniendo efectos devastadores sobre el patrimonio natural del país. Y aunque se sabe dónde se hace la explotación ilícita, las mafias que la manejan y cómo se sacan del país las extracciones, no se logra detener el negocio.

Según informe del Ministerio de Minas y Energía, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, en el 2020 aumentaron, con respecto al año anterior, las áreas afectadas por la explotación minera en aluvión, es decir la que se hace en los ríos o sus afluentes. Se detectaron 100.752 hectáreas donde se realizan esas explotaciones ilícitas, de las cuales 52.000 están en zonas declaradas como de reserva natural.

En el documento se confirma que quienes manejan el negocio son principalmente organizaciones criminales como las disidencias de las Farc, el ELN, grupos paramilitares y que no es ninguna casualidad que la mayoría de las minas y socavones estén en regiones donde se extienden los cultivos ilegales. Como consecuencia, el 69% de la actividad minera en el país se realiza por fuera de la ley.

Igual de grave es lo revelado hace un mes en un informe elaborado por la Unidad Investigativa de El País y Connectas, según el cual se han detectado y en algunos casos desmantelado varias empresas fachada dedicadas a camuflar el oro entre las exportaciones legales, falseando documentos e identidades de mineros artesanales. Es así como se podría explicar que oficialmente se reporten 37,4 toneladas extraídas en los yacimientos de oro y en la Dian aparezcan reportadas exportaciones por 47,8 toneladas.

Lo peor de esa actividad ilícita es la destrucción que se le está ocasionando al mayor patrimonio nacional que son sus recursos naturales. La minería sin licencia, sin permisos y sin control afecta los bosques y las selvas, acaba con los ríos y quebradas, se mete en los páramos donde nace el 70% del agua que consumen los colombianos, mientras la contaminación que causa por el uso del mercurio y otros químicos tiene efectos en la salud y la vida de las poblaciones ribereñas.

Si a ello se suman los efectos negativos para la economía nacional, los problemas sociales conexos con la extracción ilegal como la llegada de personas ajenas a los territorios como se ha visto en los Farallones de Cali o el incremento de la violencia, y que sus dineros alimenten el conflicto armado colombiano, la respuesta no admite más dilaciones.

Frente a la que puede ser una de las tragedias ambientales más graves que vive el país hay que tomar medidas reales y efectivas. Incluso si es necesario declarar la emergencia nacional para detener la minería ilegal, a las mafias de la manejan y a quienes la cohonestan y la protegen, no debe temblarle la mano al Estado. Es casi un asunto de vida o muerte por el daño causado al medio ambiente, el riesgo en que está la riqueza natural del país y sus graves efectos sociales.