La ley de Paz Total

Con la aprobación en la Cámara de Representantes de sus últimos tres artículos, queda en firme la ley que permite al Gobierno Nacional y al Presidente de la República establecer procesos de paz y negociar con los grupos criminales su desmovilización. Es la misma ley de orden público que rigió durante 24 años y ahora se llama la ley de paz total, una de las banderas del presidente Gustavo Petro.

La norma fue aprobada luego de eliminarle los dos micos que le habían colgado, y que pretendían entregarle facultades discrecionales al Ejecutivo para perdonar a quienes son juzgados o han sido condenados por vandalismo y terrorismo a nombre de la que denominan primera línea. También fue posible al sacar de su contenido el artículo que permitía crear un supuesto servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio, lo que constituye un desconocimiento de la forma en que funcionan las Fuerzas Armadas en todo el mundo.

De resto, y con una excepción que debe ser tenida en cuenta por sus consecuencias o por las personas que pueden beneficiarse, todo fue la repetición de un proceso que se cumple cada cuatro años y se relaciona con la capacidad de cada gobierno para buscar la pacificación del país mediante la negociación. Eso no significa que el presidente de turno, en este caso el doctor Petro, haya sido facultado para crear excepciones a las leyes, ofrecer prebendas que desconozcan el ordenamiento jurídico o entregar la legalidad para beneficio de quienes han cometido crímenes, en especial contra los Derechos Humanos y de lesa humanidad.

La excepción tiene que ver en concreto con la posibilidad de concederle estatus político a personajes como alias Iván Márquez, quien se ha burlado de los cuatro procesos de negociación en los cuales participó, en el último de los cuales actuó como jefe de la delegación de las Farc en el proceso de La Habana para terminar el conflicto con ese grupo. Ahora, el siniestro personaje que se repone de sus heridas en un hospital de Venezuela y protegido por el régimen de Nicolás Maduro, puede ser beneficiado de nuevo, lo que es una burla al Estado de Derecho.

Queda la intranquilidad sobre lo que el Gobierno Nacional entiende como Paz Total, extendiendo esas negociaciones autorizadas por la ley hasta grupos de delincuencia común, en especial narcotraficantes que poco tienen de organizaciones políticas salvo por su capacidad de sembrar el terror y aprovechar los grandes vacíos que deja el Estado en el territorio nacional. Entendiendo que el lema es llamativo y que el presidente Petro pretende mostrarse como el mandatario que logró silenciar las armas en Colombia, no está de más mantenerse alerta para evitar que se confundan los delitos comunes, los atroces y los imperdonables delitos de guerra, con aquellos que están motivados en la rebeldía contra el Estado.

Así las cosas, debe decirse que hasta ahora no hay que alarmarse por lo aprobado en el Congreso de la República con respecto a la denominada ley de Paz Total. Lo que no puede implicar que se le dé carta blanca al Ejecutivo para imponer sus interpretaciones, en especial aquellas que desconozcan la Constitución y las Leyes de la República.