La legitimidad del Estado

Los colombianos esperan claridad y que se les cuente la verdad sobre las acusaciones referidas por Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, en sus discusiones con Laura Sarabia, exjefe de Gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Lo que se conoce por los audios divulgados por la Revista Semana es de extrema gravedad; hay hechos que podrían tipificarse como delitos, a la vez que atentan contra la democracia y están en contravía del Estado de Derecho.

Si la semana pasada se pensaba que el caso de la niñera Marelbys Meza, sometida a una prueba de polígrafo bajo presión, acosada durante meses por la pérdida de una alta suma de dinero en la vivienda de Sarabia, y víctima junto a otra empleada doméstica de interceptaciones telefónicas ordenadas de manera ilegal, era escandaloso, pocos se imaginaban lo que se vendría después. Los hechos, que obligaron al retiro de sus cargos de los hasta entonces Embajador en Venezuela y Jefe de Gabinete, tienen un nuevo capítulo que compromete al Presidente de la República, a su campaña política y al mismo Gobierno.

Los audios de las discusiones entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, en las que el exembajador siembra dudas sobre la financiación de la campaña a la Presidencia de Gustavo Petro, e insinúa presuntos manejos abusivos del exministro del Interior Alfonso Prada y de su esposa en esa cartera, entre otras acusaciones, son hechos graves, que deben ser investigados por las autoridades competentes a la mayor brevedad.

Se debe determinar si es cierto o no que a la campaña del entonces candidato presidencial ingresaron $15.000 millones, monto que además de exceder el tope de financiación nunca fue reportado. Y de ser verdad, que se diga quiénes y cómo entregaron esos recursos, si se trata de dineros ilegales o cuál es su procedencia. Así mismo, es necesario despejar cualquier duda sobre actuaciones irregulares en las altas dependencias del Gobierno Nacional o en las que habrían participado funcionarios del mayor rango, como lo deja entrever Benedetti en sus audios.

Este es, sin duda, el mayor escándalo político desde el Proceso 8000, que en 1994 destapó el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper y llevó a la cárcel a varios políticos de la época. Por ahora, entre las primeras consecuencias de los audios divulgados están la suspensión de trámites en el Congreso de reformas como la Laboral y la Pensional presentadas por el gobierno de Petro, así como las denuncias que se interpondrían en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del Mandatario.

En entredicho están hoy la legitimidad del Estado, del presidente Gustavo Petro y del gobierno del cambio, que fue apoyado por once millones de colombianos en las urnas. Además, el daño que esta situación puede hacerles a Colombia, a su democracia, al Estado de Derecho y a la confianza en el país puede ser incalculable. Por ello hay que insistir en la rápida actuación de los entes de control, del Congreso de la República y del Sistema de Justicia para que se haga claridad en el menor tiempo posible.