¿Humanización o excarcelación?

El proyecto de reforma penitenciaria que busca, según el Gobierno Nacional, “humanizar” la política carcelaria, garantizar la reparación de las víctimas y resocializar a los delincuentes, tiene en algunos mandatarios locales y regionales a sus nuevos detractores. La preocupación es válida si se tiene en cuenta que la inseguridad y la criminalidad son asuntos de la mayor preocupación para los ciudadanos.

La primera en criticar la propuesta fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien calificó como “populismo de impunidad” la posibilidad de permitir que presos condenados por ciertos delitos tengan casa por cárcel o salgan de sus lugares de reclusión a trabajar, estudiar o cumplir labor social. A ella se han unido voces como la de la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quienes consideran que no se puede premiar a quienes delinquen ni poner en riesgo con ello a la población.

Las explicaciones del Ministro de Justicia y la defensa del Presidente de la República a los cambios que se pretenden hacer, no han convencido a los mandatarios y tampoco a buena parte de la opinión pública. Así se argumente que se trata de una política con la que se busca la resocialización de los presos -lo que hoy no se cumple-, “humanizar” las condiciones de reclusión en el país más no excarcelar, obligar a que se haga una reparación a las víctimas y, de paso, reducir el hacinamiento carcelario, preocupa que con ello se eleve aún más la comisión de delitos y la inseguridad en las calles.

Con los índices de hurto disparados en la mayoría de municipios del país y niveles de criminalidad que se mantienen elevados en ciudades como Cali o Bogotá, los reparos que se le hacen al proyecto de ley que deberá discutir próximamente el Congreso de la República, son legítimos. En el 2022 en la capital del Valle se denunciaron 23.662 robos a personas y 14.912 por raponeo de celulares, mientras se cometieron 982 asesinatos.

Como lo denuncian las autoridades, un porcentaje de los detenidos por esos delitos son reincidentes o incluso condenados que gozan del beneficio de casa por cárcel. La incapacidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para controlar a quienes están en prisión domiciliaria o tienen permiso transitorio para salir de sus lugares de reclusión, llevó a que entre enero y septiembre del año anterior se fugaran 1149 presos, de los cuales apenas ocho lo hicieron desde un penal. Ello sin contar con el fracaso, y al parecer fuente de corrupción, que han significado los brazaletes electrónicos.

La pregunta, de aprobarse el proyecto de ley, es si las autoridades tienen la capacidad de asegurar que éste cumplirá con sus objetivos, significará la resocialización de los condenados y no se convertirá en la puerta de salida fácil para que vuelvan a las calles a robar o a matar. ¿Será la humanización de la política carcelaria o se quedará en la excarcelación exprés de unos condenados a prisión?

En un Estado Social de Derecho como el colombiano, las garantías deben ser en primer lugar para los ciudadanos, no para los delincuentes, tal como lo reclaman los mandatarios que se oponen a la propuesta del Gobierno Nacional.