El Ministerio de la Igualdad

Si el Estado colombiano tiene instituciones para todos los problemas sociales, ¿por qué hay que crear un ministerio de la equidad que fuera de ofrecer un cargo a la actual Vicepresidente de la República no parece tener justificación? Esa es la pregunta que aparece después de que el Congreso aprobara en primer debate la creación de esa dependencia.

Al revisar los objetivos y facultades descritas en el proyecto discutido por las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, se encuentra una declaración política que entusiasma por su propuesta para poner en acción el derecho a la igualdad y la equidad. Pero nada tiene que ver con la característica fundamental de un ministerio como ejecutor y orientador de las actividades públicas y privadas.

Es claro que toda la Rama Ejecutiva del poder público se dirige ante todo a promover y conseguir lo que se define la felicidad de los pueblos. Es decir, a superar las diferencias que surgen de la actividad humana, a buscar la justicia social y en materias de educación, de salud, de infraestructura, de conocimiento, así como a ofrecer oportunidades y recursos para que los ciudadanos puedan superar las dificultades surgidas de la pobreza y de los desequilibrios que generan las circunstancias de la nación, encabezadas por la violencia y la precaria presencia del Estado para asegurar la igualdad en todo el territorio nacional.

El proyecto que ya recibió su primer debate en medio de observaciones de parte de los congresistas parece encaminado a establecer una nueva instancia de control y tutela sobre toda la actividad del Estado, cubierto con una abundante retórica basada en la incuestionable invocación a la equidad, que pretende justificar la creación de la nueva dependencia. Será un mecanismo de control, de orientación y de dirección que está dentro de las atribuciones consagradas en la Constitución para el Presidente de la República y que bien puede ser ejecutado mediante delegaciones precisas.

Eso es lo que se ha venido aplicando en Colombia, sin necesidad de crear un organismo que, según se desprende de la propuesta, puede convertirse en una nueva instancia, una superestructura que intervendrá en todos los campos de acción de los demás ministerios.

Otra cosa es que se pretenda generar más burocracia y, lo que queda en evidencia, un cargo diseñado para una persona específica en cumplimiento de promesas políticas y de campaña. Debe recordarse que, de acuerdo con la Constitución Nacional, la Vicepresidencia no es un cargo con funciones y su explicación está solo en la capacidad de reemplazar al Primer Mandatario en sus ausencias absolutas.

Ahora hay que pedirles a los congresistas que tengan cuidado al legislar en función de resolver las exigencias de un sector del gobierno. Y que además de sopesar las implicaciones que la nueva dependencia tendrá sobre la operación del Estado y las facultades sin límites que le otorgarán al Presidente de la República para su reglamentación, piensen también en el costo que significará para las finanzas públicas el establecer una nueva institución.