El escándalo sin fin

El caso Odebrecht, destapado hace seis años y convertido en el mayor escándalo de corrupción en América Latina, con gobiernos, funcionarios, empresas privadas y políticos de la mayoría de países del continente involucrados, aún no termina de resolverse. En Colombia la maraña de hilos sigue desenredándose y el final de la madeja no se vislumbra cerca.

Si algo ha quedado demostrado en este largo proceso es que a la historia de Odebrecht le falta mucho por contar. Y de paso, que la Justicia colombiana sigue siendo lenta e ineficiente, por lo que la impunidad se convierte en el mayor aliado de quienes delinquen o corrompen, que en este caso se cuentan por cientos.

Hay que reconocer, no obstante, los avances hechos por el aparato judicial. Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación han llevado a condenar a varios de los implicados, mientras las indagaciones continúan y es de esperar que al final todos aquellos que participaron en mayor o menor grado, paguen por sus actos.

Fue en 2016 cuando se empezó a conocer la trama de la más grande red de corrupción transnacional. La brasileña Odebrecht permeó durante años a gobiernos nacionales, financió campañas presidenciales, se unió a otras empresas para sobornar a funcionarios estatales, con el único propósito de quedarse con las licitaciones de las mayores obras de infraestructura en cada país en el que intervino.

Así sucedió en Colombia, donde hay procesos en los que están involucrados exministros, mandos altos de gobiernos anteriores, excandidatos presidenciales, directivos de compañías privadas e incluso exmandatarios. Esta semana se conoció de la citación de la Fiscalía General de la Nación a 55 nuevos presuntos implicados, mientras hace pocos días en un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se supo del preacuerdo alcanzado por Corficolombiana en el que reconoció su participación en sobornos por al menos US$23 millones en el caso Odebrecht, y aceptó pagar multas por US$80 millones.

Son cerca de 200 personas las que han sido involucradas en las investigaciones en Colombia, y muchas más las mencionadas, o sobre quienes pesan serias sospechas de su participación, que aún no han sido llamadas a declarar. Y recaen sobre los procesos dudas que siguen sin despejarse, entre ellas el por qué si hay pruebas contundentes sobre la recepción indebida de dineros en campañas políticas o sobornos recibidos por altos exfuncionarios, en aparato judicial en su conjunto no ha actuado en consecuencia.

En otras latitudes el escándalo de Odebrecht ha tumbado presidentes, mandado a la cárcel a exmandatarios, se han resarcido los daños causados y en general se ha hecho justicia. En Colombia, aún reconociendo los avances en las investigaciones, se está lejos de tener claridad meridiana y absoluta sobre el que, sin duda, es el más grave caso de corrupción que haya enfrentado la nación. Los colombianos merecen saber toda la verdad y los responsables de esa asociación perversa que se dio al más alto nivel y tanto daño ocasionó, deben recibir el castigo que les corresponde.