El desafío de la violencia

Noviembre 22, 2022 - 11:55 p. m. 2022-11-22 Por:
Elpais.com.co

Las horribles imágenes de los 23 cadáveres apilados en el Putumayo luego de combates entre grupos de delincuencia que se disputan el control de la región, recuerdan que en la ausencia del Estado está la principal causa de la violencia que afecta a Colombia. Y que esa tragedia no se resuelve con discursos o con promesas, ni con la liberación de personas juzgadas por terrorismo, sino con la decisión de ejercer la soberanía en todo el territorio nacional.

El Putumayo es una región selvática de las más distantes del centro del país y como tal difícil de ejercer la soberanía. Por ello, las organizaciones criminales han sentado sus reales allí y bajo el nombre de disidencias de las Farc se disputan el territorio, los cultivos de coca y las rutas para transportar la cocaína hacia el sur del continente.

No hay en esa violencia nada de político, salvo la dificultad del Estado para hacer cumplir las leyes, para proteger a sus habitantes o para satisfacer sus necesidades. Lo cual es aprovechado por los delincuentes para imponer sus intereses, extorsionar, secuestrar y asesinar a la población, o para llevarse sus hijos a una guerra en la cual serán las primeras víctimas.

La pila de cadáveres solo confirma lo que es una realidad: la delincuencia se ha tomado gran parte del territorio nacional y asesina sin consideración, mientras la autoridad es precaria y en algunas ocasiones es un mero formalismo. Esa es la gran tragedia de gran parte de la provincia colombiana que a diario tiene que registrar masacres como esa o el asesinato de seis personas en Cajibío, departamento del Cauca, los ocho homicidios reportados el pasado domingo en Cali y la quema de seis tractomulas en una carretera cercana a Cúcuta.

Y para resolver semejante tragedia, la propuesta del presidente Gustavo Petro es la Paz Total que no tiene un marco ni se ha definido su contenido. Lo que sí se sabe es que a quienes conforman todos esos grupos de violencia se les están ofreciendo garantías y concesiones como eludir la aplicación de la ley penal. Y salvo la detención de la violencia inmediata, nada se sabe de lo que exige a cambio el Gobierno que debe ante todo defender el Estado de Derecho como garantía para una paz duradera.

Además de un crimen pavoroso que exige de las autoridades el castigo a sus autores, lo sucedido en el Putumayo es prueba de la fragilidad del Estado para hacer respetar la Constitución, lo cual no puede resolverse con discursos y retóricas que desconocen la realidad que padece la provincia colombiana.

Al parecer, y según el Ministro de Defensa, los delincuentes están empeñados en mostrar su poder y asegurar el control territorial que les asegura ser considerados como “actores políticos”, como ha ocurrido con el Eln. A cambio, el Gobierno libera a una señora juzgada por terrorismo a quien las autoridades persiguieron durante años, y de pronto aparece en la mesa de negociación de Caracas. Un gesto de paz que no es correspondido y parece más bien un desafío para los colombianos que confían en el compromiso de sus instituciones con la ley como fuente de paz.

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