Del dicho al hecho

Si los anuncios se cumplen, dentro de ocho días se instalará la mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las Farc-EP, más conocido por los colombianos como las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Falta ver si la intención prospera y los tiempos alcanzan, o si, por el contrario, fracasa el intento por negociar la paz total con ese grupo violento, propósito en el que se empeña, a cualquier precio, el gobierno de Gustavo Petro.

El viernes de esta semana circuló información que puso en entredicho la posibilidad de entablar dichas conversaciones, mientras se dejaba entrever que el asunto terminaría aún antes de empezar. En lo que se percibió como un nuevo desafío a la nación, desde el grupo alzado en armas se insinuó que el cese al fuego, aún sin entrar en vigencia, se levantaba por la incapacidad de parar la guerra en algunas zonas donde operan esas disidencias, particularmente en el suroccidente del país-

Si bien la versión fue desmentida por el jefe de la organización criminal, alias Iván Mordisco, quien ayer aseguró que llegarán a la cita el próximo 8 de octubre en Tibú, Norte de Santander, hay serias dudas de que su posición refleje la de todos los frentes del Estado Mayor Central. La atomización de las disidencias y la incertidumbre sobre una verdadera unidad de mando, pueden enviar al traste la oportunidad de comenzar unos diálogos.

En este caso aplica a la perfección el refrán según el cual ‘del dicho al hecho hay mucho trecho’. No se puede olvidar que apenas 24 horas después del anuncio realizado en el norte del Cauca sobre el acuerdo para entablar las primeras conversaciones en busca de ponerle fin al conflicto armado, se produjeron varios atentados en el norte del Cauca y el sur del Valle. La explosión del carro bomba en Timba, Cauca, ataque en el que murieron dos personas, más el que detonó en el corregimiento de Potrerito, Jamundí, y que dejó cinco heridos, hacían prever que los diálogos podrían tambalear.

Las dudas persisten, más cuando las acciones violentas no cesan, en particular en el norte del Cauca, y se mantienen los enfrentamientos con la Fuerza Pública, que está en la obligación de defender a las comunidades de las zonas afectadas y proteger sin descanso el territorio nacional. Aquí, es bien sabido, no se trata de luchar contra organizaciones guerrilleras que defienden una causa ideológica, sino contra agrupaciones dedicadas a actividades ilegales, como el negocio del narcotráfico, que pretenden mantener bajo su control una región que les sirve a sus propósitos.

De ahí surgen las inquietudes sobre el éxito que tendrían las eventuales negociaciones entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el que se hace llamar Estado Mayor Central de las Farc-EP. Si existiera una voluntad real de ponerle fin al conflicto armado, la primera muestra de ese compromiso debiera ser cesar todo ataque contra la población civil y contra las Fuerzas Armadas.

Como se ha repetido hasta la saciedad, paz total sí, pero no a cualquier precio ni mucho menos a costa de la claudicación del Estado en su deber de defender a los colombianos y a la Nación.