Decisión valerosa

Pocas veces en la historia reciente de Colombia se ha logrado un consenso entre el Gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores para fijar el valor del salario mínimo. Y también pocas veces el incremento definido supera con amplitud los criterios usuales para tomar una decisión que afecta de manera importante el ingreso de millones de colombianos.

Llegar a un incremento del 10,07% en el salario mínimo y fijar en $117.132 el subsidio de transporte es un aporte significativo para el bienestar de los empleados y trabajadores formales de menores ingresos. Con ello se está reconociendo el impacto que significó el aislamiento social para la actividad económica, lo cual se tradujo en detrimentos evidentes para ese amplio sector de nuestra sociedad, además del efecto que ha tenido la inesperada reacción de la economía en el presente año, lo cual ha implicado también una inflación que se calcula en una cifra cercana al 6%.

En otros términos, quienes tomaron esa decisión, encabezados por el Gobierno Nacional han hecho una apuesta por devolverle la capacidad de compra a quienes reciben el salario mínimo y de proyectarles un ingreso adicional, lo cual tendrá beneficios indudables para ellos, sus familias, y para la economía en general al aumentar su capacidad adquisitiva. Pero también debe tenerse en cuenta los riesgos que implica al impulsar la demanda agregada y por ende pensar en los precios de los productos de primera necesidad.

Y existe otros riesgos como el que se pueda reducir la capacidad de generación de empleos en la pequeña y mediana empresa, uno de los grandes motores de ese empleo, o el incremento en el empleo informal, en la medida en que factores como las vacaciones, la cesantía y demás prestaciones equivalen al 50% adicional al salario devengado. Son factores que no pueden perderse de vista en el análisis de las consecuencias sociales que tendrá una decisión que con todo y esas glosas parece positiva para la Nación.

Todo ello significa que las autoridades monetarias y fiscales deben estar atentas y tomar las medidas que se requieran para frenar la inflación que, como en ocasiones anteriores, puede anular en la práctica los beneficios de ese incremento. Y debe existir también el acuerdo de empresas y Gobierno para proteger el empleo y evitar que el merecido incremento se le atraviese en el camino a la necesidad de recuperar los cientos de miles de puestos de trabajo que se perdieron en los largos meses que el país y el mundo debieron priorizar la salud y la supervivencia de los seres humanos por encima del crecimiento económico y la estabilidad del empleo.

En todas partes el mundo, y Colombia no es la excepción, establecer medidas como el salario mínimo responde a la necesidad de evitar que se produzcan injusticias que afecten la fuerza laboral y combatir la desigualdad que en nuestro país es notoria. Queda entonces la tarea de hacer que esta decisión sirva para el propósito que impulsó el acuerdo y permitió un incremento amplio que además de hacer justicia simboliza también la fortaleza de nuestra Nación y de su economía.