Contaminación mortal

Las advertencias por contaminación en los ríos caleños, como consecuencia de la minería ilegal en el Parque Natural Nacional Farallones, no es nueva. Tampoco lo es la desidia con la que el Estado ha enfrentado esa actividad ilícita, que tanto daño le hace a la mayor reserva natural del Valle del Cauca y a las fuentes de agua que abastece a su capital.

La situación hoy es crítica y pone en riesgo la integridad de miles de caleños. El análisis realizado en días recientes por la Procuraduría General de la Nación, que conoció en exclusiva el periódico El País, da cuenta de niveles extremos de mercurio y plomo en el río Cali, casi desde su nacimiento en los Farallones. Mientras el límite máximo admitido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, es entre 0,1 y 0,17 miligramos por kilogramo, lo que se encontró en las mediciones fue 230 veces superior.

La presencia de esos elementos mortales está en buena parte del recorrido del río tutelar de la ciudad y es factible que se encuentre en los otros cinco afluentes que nacen en la reserva natural. Si bien Emcali asegura que en la bocatoma ya no hay presencia de mercurio y plomo, por lo cual no existe ningún peligro para los casi 700 mil caleños que se abastecen de esa fuente hídrica, no se puede olvidar que son varias las comunidades asentadas en su cuenca, que tienen contacto directo o utilizan el agua del río.

Conociendo las consecuencias que tiene la minería ilegal en los Farallones, los fallos judiciales que en los últimos años han ordenado cerrar de manera definitiva los centenares de socavones que se han abierto y combatir la presencia de mafias que manejan el negocio ilícito en la zona, poco se entiende la parsimonia de las autoridades locales, regionales y nacionales para proceder como les corresponde.

Hoy esos huecos en las entrañas de las montañas hechos para extraer sus riquezas, y la contaminación que sufren los ríos que ahí nacen, son el símbolo de la desidia estatal y en particular de la del gobierno caleño. No hay excusas que valgan cuando se trata de proteger la vida, la de la reserva natural, así como la de los caleños y vallecaucanos que tienen su presente y su futuro atado a que se preserven los Farallones con todos los recursos ecológicos que contiene.

Son muy graves los hallazgos de la Procuraduría General de la Nación en el río Cali y en los demás afluentes locales. Las decisiones deben ser inmediatas porque cada vez está más cerca la posibilidad de que el agua que consume la tercera parte de la ciudad termine contaminada y sea casi imposible tratarla para volverla potable.

La responsabilidad de acabar con la minería ilegal en el Parque Nacional Farallones es del municipio y del departamento, con el acompañamiento decidido de las autoridades nacionales y de la Fuerza Pública. Empieza por determinar quiénes son las mafias detrás de esa actividad, ejercer un control efectivo que evite la llegada de más mineros y acatar las decisiones que obligan a acabar con el mortal negocio.