A acelerar la compra de drones

Los drones cargados de explosivos o con armas adaptadas para disparar de manera remota se han convertido en una de las herramientas más letales utilizadas por organizaciones al margen de la ley en Colombia, como el Eln o las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’.

Con ellas se ataca a militares y policías, se cometen atentados en poblaciones remotas o se pone en vilo a las autoridades locales, todo ello frente a una Fuerza Pública que parece atónita y se queda sin capacidad de responder con la inmediatez que se necesita.

Las estadísticas oficiales muestran que el año pasado en todo el territorio nacional se registraron 115 ataques con drones, una cifra que en la primera mitad del 2025 ya fue superada con creces.

Hoy no hay departamento del país que se escape a esta forma de hacer la guerra, con aparatos convertidos en armas capaces de atacar en zonas rurales pero también en ciudades, que ha dejado relegados al Ejército y a la Policía en su lucha contra la violencia y el terrorismo.

Y es que mientras la reacción del Gobierno Nacional parece enredarse entre la burocracia y los trámites interminables para adquirir la tecnología que permita hacerle frente a esos ataques, para los grupos criminales es fácil adquirir esos artefactos en el mercado ilegal, nacional e internacional, a muy bajo costo y con la posibilidad de modificarlos para transportar explosivos y generar pánico.

El uso de drones de ataque por el crimen organizado o en la guerra no es un fenómeno aislado. En México, Ucrania, Irak y Siria estos dispositivos han sido protagonistas de golpes letales, muchos de ellos difíciles de anticipar por las autoridades.

Según explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante su más reciente visita a Cali, la lentitud del Gobierno Nacional para comprar drones militares y radares para detectar e impedir el vuelo de aparatos enemigos obedece a los requisitos internacionales para poderlos negociar.

En contraposición, las organizaciones ilegales los adquieren fácilmente en mercados externos. Incluso se sabe que pueden comprarlos a empresas asiáticas proveedoras del sector militar, sin que para ellos haya impedimentos.

En esta lucha desigual es urgente que se pueda agilizar la adquisición de inhibidores de señal para estos aparatos, sistemas de detección aérea y drones defensivos capaces de interceptar o neutralizar amenazas en tiempo real. Esta inversión no es un lujo, es una necesidad.

El Congreso de la República y el Ministerio de Defensa deben liderar este esfuerzo, destinando recursos extraordinarios y gestionando la compra acelerada de estos sistemas que sin duda salvarán más de una vida, no solo de militares, sino también de civiles.

Finalmente, se necesita fortalecer la capacitación técnica de los uniformados para anticiparse a posibles ataques. La inteligencia militar debe articularse con las capacidades tecnológicas para crear un verdadero escudo contra estas amenazas cada vez más comunes en todo el territorio nacional.