Venga por mí… Cobarde

Nicolás Maduro, como ocurre invariablemente con los regímenes autoritarios que se enquistan en el poder, termina por romper todo vínculo con la realidad. Encerrado en su propio relato —y en las mentiras cuidadosamente dosificadas por su círculo más cercano—, confunde el control interno con el poder real, la propaganda con la disuasión y el miedo doméstico con fortaleza estratégica. Es el punto exacto en el que la fantasía sustituye al cálculo y el error deja de ser retórico para volverse fatal.

Ese mismo extravío ya lo había cometido Manuel Noriega en Panamá. Convencido de que sus pactos criminales y su utilidad coyuntural le garantizaban impunidad, terminó creyendo que podía desafiar a quien jamás tolera ese tipo de provocaciones. Por eso, cuando Maduro lanzó el exabrupto “venga por mí, cobarde” contra el Presidente de una de las potencias económicas y militares más formidables del planeta, no estaba haciendo propaganda ni demostrando valentía: estaba sellando su destino.

Para cualquiera que entienda mínimamente la cultura estratégica y geopolítica de Estados Unidos, el desenlace estaba escrito desde el primer segundo. Washington puede tolerar retórica incendiaria, incluso insultos diseñados para consumo interno. Lo que no admite es el desafío frontal. Su respuesta rara vez es inmediata o estridente: es metódica, silenciosa, acumulativa y, una vez activada, irreversible.

Las historia de Noriega y la de Maduro no son episodios aislados. Ambos, no por casualidad, fueron capturados el mismo día del calendario. El simbolismo es una advertencia. Y esa advertencia debería leerse con extrema cautela en Colombia, particularmente por Gustavo Petro, y por la nómina de políticos que, mientras predican superioridad moral desde el micrófono, coquetean en la sombra con estructuras del narcoterrorismo. México tampoco es ajeno a esa lección.

La ambigüedad no es neutralidad: es alineamiento encubierto. Y la política estratégica de Estados Unidos no distingue entre complicidad abierta y complacencia calculada. Por eso, normalizar el narcotráfico como actor político, justificarlo bajo disfraces sociales o tolerarlo como herramienta ‘transitoria’ no es pragmatismo, sino la renuncia ética y el debilitamiento deliberado del Estado. Es, además, el escenario que precede a la pérdida de soberanía efectiva.

Negarse a cumplir compromisos de extradición no es un debate jurídico menor ni un asunto de soberanía malentendida. Es una ruptura explícita de confianza con aliados estratégicos. Cuando un Estado protege a narcotraficantes bajo el pretexto de procesos de paz, deja de ser visto como un socio problemático y pasa a ser percibido como un facilitador del crimen transnacional.

La cesión de territorio —formal o de facto— bajo el disfraz de ‘acuerdos humanitarios’ completa el cuadro. No existe paz total cuando el Estado renuncia a ejercer soberanía. No existe negociación legítima cuando quien impone las condiciones es el crimen armado. Lo que emerge de esos vacíos son enclaves criminales, economías ilícitas blindadas y poblaciones sometidas a un orden paralelo.

Ponerse del lado correcto de la historia no significa someterse a una potencia extranjera. Significa comprender que existen fronteras morales y estratégicas que no admiten zonas grises: el crimen transnacional, el autoritarismo y la captura criminal del Estado. Quienes creen que pueden jugar a dos bandas —hablando de democracia mientras pactan con economías ilícitas y narcoterroristas— suelen descubrir, cuando ya es demasiado tarde, que la intervención militar es válida y el largo brazo de la justicia.