La diferencia entre lo legítimo y legal

El 3 de enero de 2026 las placas tectónicas de la política latinoamericana se movieron. En la madrugada, las Fuerzas Militares de Estados Unidos ejecutaron una operación unilateral que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, acompañada de bombardeos sobre instalaciones estratégicas en Caracas. La reacción global fue inmediata: mientras muchos celebraban el fin de un régimen responsable de una tragedia humanitaria histórica, otros denunciaban la violación del derecho internacional y el retorno explícito a la Doctrina Monroe, ahora bajo un ‘corolario Trump’ abiertamente hemisférico.

Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. La caída de un dictador es un resultado deseable. Pero la forma en que ocurrió plantea dilemas que deben discutirse. Este artículo no pretende justificar intervenciones unilaterales como instrumento general de política exterior —no las apoyo—, sino analizar por qué el caso venezolano expone la tensión entre legalidad y legitimidad en un sistema internacional incapaz de responder a crímenes masivos.

La negativa del régimen de Maduro a abandonar el poder democráticamente estaba exhaustivamente demostrada. En las elecciones de 2024, según las actas publicadas por la oposición y verificadas en un 81,7 % de las mesas, Edmundo González obtuvo el 67 % de los votos frente al 30 % de Maduro. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador al oficialismo y el régimen desató una represión abierta contra quienes protestaban por un fraude evidente.

Con ello violó tanto la soberanía popular como los compromisos del Acuerdo de Barbados, que exigía elecciones libres y justas. Aun así, gobiernos de la región—Colombia, Brasil, México— insistieron durante meses en una negociación que nunca dio frutos. El régimen compró tiempo y consolidó su fraude, utilizando a estos mediadores como idiotas útiles para afirmarse en el poder.

El deterioro del régimen venezolano no era solo político, sino social. Un informe de Naciones Unidas de diciembre de 2025 documentó más de una década de asesinatos, torturas, violencia sexual, detenciones arbitrarias y represión sistemática por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. A ello se sumaba un colapso económico de escala histórica: hiperinflación de un millón por ciento en 2018, pobreza extrema en 61 %, y millones de ciudadanos perdiendo peso por la escasez.

El éxodo de más de ocho millones de venezolanos, según Acnur, no fue una migración económica convencional, sino una huida masiva frente al hambre, la persecución y el colapso del Estado. Durante todo este tiempo, la región respondió con tibieza, la OEA quedó paralizada y la comunidad internacional evitó enfrentar un caso que, por su gravedad, cumplía todos los criterios de crisis humanitaria.

En este contexto entra en juego la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), desarrollada por Naciones Unidas tras los horrores de los Balcanes y Ruanda, y la polémica intervención de la Otan en Kosovo. La Comisión Internacional de Intervención y Soberanía de los Estados, creada por Canadá, publicó en 2001 el informe fundacional de R2P, basado en la tesis de Francis Deng sobre la ‘soberanía como responsabilidad’. Según este principio, los Estados tienen la obligación de proteger a su población de crímenes masivos. Si no pueden o no quieren hacerlo, el Consejo de Seguridad de la ONU puede autorizar medidas, incluso el uso de la fuerza, para detener crímenes de guerra, genocidio o crímenes de lesa humanidad. En esencia: la soberanía no es un escudo para la barbarie. Cuando un gobierno se convierte en perpetrador —como en Venezuela— pierde su legitimidad para invocar ese principio.

En el caso venezolano no hubo autorización del Consejo de Seguridad. Estados Unidos actuó de manera unilateral, pues era evidente que una resolución de R2P nunca prosperaría: China y Rusia, aliados incondicionales de Maduro, la bloquearían. Como señala Anne Applebaum en Autocracy Inc., las potencias autocráticas han convertido el concepto de soberanía en una herramienta para blindar sus abusos internos. Cuando Occidente critica los asesinatos extrajudiciales en Irán, Teherán invoca soberanía. Cuando se denunció la represión de activistas prodemocráticos en Hong Kong, Pekín respondió igual. China incluso promueve el principio de “respeto mutuo”, según el cual ningún Estado puede cuestionar los asuntos internos de otro. Para el eje autocrático, la soberanía significa libertad para reprimir sin consecuencias. Bajo estas condiciones, cualquier debate en Naciones Unidas habría garantizado la continuidad del régimen de Maduro y, con él, la de sus crímenes.

La operación estadounidense, según el consenso por parte de expertos, fue ilegal en términos de derecho internacional y, posiblemente, en el derecho interno de Estados Unidos. Sin embargo, es legítima, en tanto removió a un régimen que llevaba años cometiendo crímenes atroces contra su población y bloqueando toda posibilidad de transición.

Es cierto que la acción puede abrir precedentes peligrosos. Estados Unidos reivindica en su Estrategia de Seguridad Nacional la centralidad de su influencia en el hemisferio, reafirmando la Doctrina Monroe, el Corolario de Roosevelt, que afirma que EE. UU. se guarda la potestad de intervenir en América Latina cuando lo considere necesario para salvaguardar la independencia y prosperidad del continente, y el Corolario Trump, que prioriza la seguridad regional e infraestructura crítica. Esto podría fomentar mayor intervencionismo en América Latina y tensar la estabilidad regional.

Aunado a esto, regímenes autoritarios podrían malinterpretar la acción: China podría intentar justificar acciones “preventivas” sobre Taiwán, o Rusia reinterpretarla para reforzar su narrativa sobre Ucrania. Sin embargo, estas analogías son falaces y no justifican intervenciones unilaterales: el caso venezolano es excepcional, no un modelo ni una doctrina general.

El Gobierno venezolano, por lo menos desde el 2014, ha cometido todo tipo de arbitrariedades y crímenes de lesa humanidad de manera impune, desestabilizando a América Latina y ofreciéndole un resguardo a grupos y redes de crimen transnacional. Por este motivo, impulsar la transición democrática en Venezuela y desmantelar el régimen actual que gobierna al país, se vuelve imperativo. Ahora, es indudable que la ciudadanía debe ser quien escoja y forje el rumbo del futuro de Venezuela, pero era evidente que esto no sucedería si Maduro seguía en el poder.

Por este motivo, la acción contra Maduro es legítima, pues ahora la ciudadanía tiene la oportunidad de construir un nuevo contrato social democrático que impulse el desarrollo del país, algo que antes no era posible. Solo queda esperar cómo se vislumbra este camino y cómo puede construirse una nueva Venezuela. Lo que sí es claro es que la comunidad internacional falló, de manera estrepitosa, en su responsabilidad de proteger a la ciudadanía venezolana durante décadas. Por eso, esta acción es legítima, aun cuando se reclame que violó el derecho internacional, un marco que fue incapaz de proteger a los ciudadanos venezolanos ante las atrocidades cometidas por el régimen mientras amplios sectores de la izquierda latinoamericana —y mundial— no solo decidían ignorarlas, sino que también mostraron aquiescencia, en tanto miles de venezolanos tuvieron que huir de su país y quienes permanecieron fueron brutalmente reprimidos de manera continua.

Twitter: @Mariocarvajal9C