Los no demócratas

No puede existir una democracia sin demócratas. Parece una perogrullada, pero en términos cultos el historiador norteamericano Walter Laqueur dijo: “La democracia es imposible si no se cuenta con suficientes demócratas”.

Las instituciones democráticas son letra muerta si quienes las administran no creen en ellas. Es preocupante la tendencia que existe en el mundo a encontrar supuestas democracias administradas por no demócratas. Comenzando por los Estados Unidos, cuna de la democracia moderna, cuyo actual presidente no es un demócrata.

Donald Trump ha emprendido desde su regreso a la Casa Blanca un sistemático asalto contra las instituciones: persigue opositores políticos con el aparato del Estado, ataca la independencia del poder judicial, despide funcionarios por falta de lealtad personal y ha instrumentalizado el Departamento de Justicia para fines partidistas.

Conviene recordar cuáles son los ejes de la democracia moderna: la tridivisión del poder público, el respeto a las instituciones, la libertad de prensa y el acatamiento de las reglas de juego. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, que no ha sido precisamente un modelo de buen gobernante, acuñó, sin embargo, una frase que merece recordarse: “En democracia, la forma hace parte del fondo”.

No le falta razón a Sánchez. Cuando los procedimientos democráticos se pisotean en nombre de la eficacia o de la voluntad popular o del capricho del gobernante, lo que se destruye es la democracia misma.

La democracia no puede tener como modelo ni a Managua ni a Lima. Managua, porque desde 2007 Daniel Ortega y su familia se han entronizado en el poder. Lo que comenzó como un gobierno electo se ha convertido en una dinastía al estilo de los Somoza, contra quienes paradójicamente el propio Ortega luchó en su juventud.

En Lima, en los últimos 10 años, el palacio de los presidentes ha sido ocupado por ocho personas diferentes. Quien acaba de llegar a la presidencia del Perú es José María Balcázar, un congresista de 83 años que en su primer discurso declaró que “no es difícil gobernar un país”. Esa frase refleja una ligereza que espanta.

Ningún presidente desde Ollanta Humala ha completado su período constitucional de cinco años. La democracia peruana se ha convertido en un carrusel donde el Congreso destituye mandatarios con la facilidad con que uno se cambia de camisa. Eso tampoco es democracia: es inestabilidad crónica disfrazada de institucionalidad.

Pero el problema no se limita a estos dos casos. En la propia Colombia, el actual presidente ha ejercido el poder con un talante que riñe con las normas democráticas, tema que esta columna ha señalado en más de una ocasión.

Uno quisiera que el presidente que juró defender la Constitución y las leyes al posesionarse fuera consecuente con ese juramento. Pero pocas veces en la historia de nuestro país se ha observado un constante desacato verbal a las decisiones de las altas Cortes.

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Posdata. Ha sido constante en este Gobierno la persecución a los grandes proyectos del Valle del Cauca, buscando sabotearlos e impidiendo que los que estaban en curso avancen y que los nuevos se inicien. Hablamos de la carretera Mulaló-Loboguerrero, de las obras para el puerto de Buenaventura, la carretera Buga-Buenaventura y el tan anhelado Tren de Cercanías.