Un difícil 2026

Mientras el país estaba en modo natillas, buñuelos y Nochebuena, el Gobierno petrista ha continuado con su andanada de desaciertos que harán el 2026 mucho más difícil de lo inimaginado. Ahora no solo tendremos un año electoral de fuerte confrontación entre el modelo de democracia liberal y de economía de mercado, y el modelo autocrático y neocomunista, sino que la economía y los ciudadanos sufriremos por la irresponsabilidad fiscal y el populismo del Gobierno, que instrumentaliza las finanzas públicas para la politiquería.

La primera mala decisión fue expedir un decreto declarando la emergencia económica y social, afirmando la existencia de una crisis fiscal estructural, un déficit creciente y restricciones de caja como hechos extraordinarios y sobrevinientes ante la negativa del Congreso de aprobar la reforma tributaria. Sin embargo, la emergencia no cumple el estándar constitucional de hecho extraordinario y sobreviniente, pues fue el propio Gobierno el que generó el desorden fiscal. Señala el Gobierno que se ponen en riesgo los derechos fundamentales y los servicios esenciales debido al deterioro del orden público, el mayor costo de atención del sistema de salud, el cambio climático y el costo de sentencias judiciales y obligaciones contractuales. Pero después de feriarse los recursos en burocracia y politiquería, ahora pretende engañar a la Corte Constitucional y a la ciudadanía indicando que estas situaciones son extraordinarias y sobrevinientes, cuando es evidente que son resultado de su propio cocinado. El Gobierno creó el desmadre presupuestal y fiscal y, pegando los argumentos con babas, creó nuevos impuestos por decreto.

La segunda mala decisión fue aumentar ilegalmente el salario mínimo en un 23 %, con un criterio eminentemente populista. El Gobierno no solo se salió del parámetro porcentual sugerido por trabajadores y empleadores, sino que además desconoció los criterios establecidos en la ley para fijar el salario mínimo: la meta de inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento del PIB y el IPC. Así, sacó de la manga la idea de un “salario vital” y construyó una canasta básica de consumo sin sustento legal. Por loable que pueda sonar la iniciativa, es ilegal, beneficia únicamente a una parte de los trabajadores y tendrá consecuencias devastadoras en la economía, deteriorando el poder adquisitivo de todos los colombianos por las presiones inflacionarias que generará, además del alza en las tasas de interés, en perjuicio de empresas y consumidores.

Esperemos que el Gobierno no siga perseverando en sus malas decisiones, aun cuando prepara dos adicionales igual de absurdas e incluso ilegales: la repatriación del ahorro pensional invertido en el exterior, que afectaría de manera grave la tasa de cambio, la industria local y la rentabilidad del ahorro colombiano, y el cobro de una sobretasa a los usuarios de la energía para cubrir el déficit de la opción tarifaria creada durante la crisis del covid, obligación que debería ser asumida por el Tesoro Nacional y no trasladarse a los usuarios. Ambas medidas responden a la desesperación del Gobierno por financiar el hueco fiscal que él mismo creó. Con estas perlas, 2026 no solo será más difícil, sino que también podría convertirse en un año crítico para la estabilidad económica e institucional del país.