Salario y polarización

La decisión unilateral del Gobierno de Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en más de 23 % para este año encendió un debate profundo en la sociedad, la política y la economía nacional.

El anuncio, que lleva el sueldo mínimo legal mensual a 1,75 millones de pesos y hasta 2 millones con auxilio de transporte, representa el alza real más elevada en la historia y supera con creces las proyecciones de inflación.

No cabe duda de que un ajuste salarial es una herramienta legítima para mejorar la calidad de vida de millones de hogares que hoy viven con ingresos limitados.

En un país con una desigualdad persistente y con amplios segmentos de la población que luchan por cubrir los costos básicos, elevar los ingresos puede traducirse en mayor consumo, dinamismo comercial y reducción de la pobreza. Y es legítimo aspirar a que quienes trabajan tengan sueldos más dignos y que el crecimiento económico se refleje en bienestar para todos.

Sin embargo, el tamaño del ajuste decretado sin un acuerdo tripartito (trabajadores, empresarios y Estado) plantea inquietudes tanto económicas como a nivel de lo que representa un gobierno democrático que no deben desestimarse.

En condiciones normales, el salario mínimo se discute cada año a partir de informes técnicos que integran variables como inflación, productividad laboral, crecimiento económico y condiciones del mercado laboral. Pero en esta ocasión no se logró consenso entre gremios empresariales, sindicatos y Gobierno, y la decisión última la tomó el presidente Petro, basado en una política que no puede desconocerse, pero que no está escuchando a una parte importante de la sociedad.

No se trata de negar los derechos de los trabajadores, sino de reconocer que la economía es un sistema interconectado: los salarios, los precios, el crédito, la inversión y el empleo no se mueven de manera aislada, y un desequilibrio fuerte en uno de esos componentes puede generar efectos colaterales que terminen perjudicando justamente a aquellos a quienes se busca beneficiar.

Pero más allá de esto, la de Colombia es una sociedad democrática, donde la participación y la escucha de todos los sectores económicos y sociales debería primar y donde la manera en que se toman esas determinaciones debería ser tan importante como la decisión misma.

El país necesita más que nunca espacios de diálogo y concertación real entre todos los actores (empresarios, trabajadores, Gobierno y sociedad civil) para definir políticas salariales sostenibles y coherentes con los objetivos de crecimiento, estabilidad de precios y empleo digno. No se trata de ceder en aspiraciones sociales, sino de construir soluciones que no comprometan la salud económica de la Nación.

La polarización política y el uso mediático de las cifras económicas no ayudan a aclarar el panorama ni a construir consensos. Por el contrario, dividen y empujan a posiciones radicales que no reflejan la complejidad de la realidad económica y no ayudan en el propósito de hacer acuerdos para que Colombia salga adelante.

Un diálogo técnico y respetuoso, tanto por parte del Gobierno Nacional como de empresarios, academia y sociedad civil, basado en evidencia y en proyecciones creíbles, es el camino para avanzar. Este tipo de concertación fortalecida debería ser la regla, no la excepción, en decisiones que impactan a millones de hogares y compañías.

El aumento aprobado para el salario mínimo mensual puede representar una mejora significativa en el ingreso de muchos colombianos. Sin embargo, sería mejor si proviniera de acuerdos y se acompañara de políticas de productividad, inversión, formación laboral y diálogo social.

Los colombianos merecen una mejor calidad de vida, pero también un gobierno y una sociedad para los que polarizar no sea una prioridad.