Inestabilidad en el Pacífico

Los ataques recientes de las disidencias de las Farc en el Valle del Cauca y el Cauca —que ya han cobrado al menos 20 vidas y dejado decenas de heridos— no son solo una nueva muestra del estruendoso fracaso de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Son, además, el reflejo de un problema más estructural: la constante rotación en las Fuerzas Militares y de Policía, sumada a la ausencia de una estrategia clara, ha derivado en una crisis de seguridad en el Pacífico colombiano.

Según el analista Hugo López, al menos 26 ataques se registraron en Cauca y Valle del Cauca en apenas dos días. Esta escalada de violencia exige, de manera inequívoca, una estrategia articulada con el Gobierno Nacional. Sin embargo, la administración de Petro —no solo en el sector defensa, sino en su conjunto— se ha caracterizado por una alta rotación en los cargos de mando, lo que erosiona cualquier posibilidad de continuidad institucional. El caso de Cali resulta particularmente ilustrativo.

Cali, principal ciudad del Pacífico colombiano, registró en 2025 una tasa de homicidios de 45,7 por cada 100.000 habitantes, según la Gobernación del Valle del Cauca. Esta cifra casi duplica el promedio nacional, que se ubica en 25,8 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. A pesar de este contexto crítico, el Gobierno Nacional ha designado cuatro comandantes de Policía en Cali durante la administración del alcalde Alejandro Eder; en un momento dado, la ciudad llegó a tener tres comandantes en un lapso de seis meses.

Este nivel de rotación no es un asunto menor. Cada relevo implica reiniciar procesos: redefinir prioridades, reconstruir diagnósticos y replantear líneas de acción en un entorno de seguridad altamente complejo. En la práctica, esto se traduce en una ruptura de la continuidad estratégica y en una disminución de la capacidad de respuesta institucional. Conviene subrayar que esta inestabilidad en la dirección de la Policía Metropolitana de Cali ha sido una decisión exclusiva del Gobierno Nacional, y sus efectos recaen directamente sobre la efectividad de la política de seguridad en Cali.

La situación se agrava si se considera que Cali, por su ubicación y tamaño, está sometida a presiones constantes provenientes de zonas afectadas por el conflicto armado en el Cauca, el Pacífico y el norte del Valle. Este entorno exige estrategias sostenidas en el tiempo, no falta de continuidad. La rotación constante también dificulta la articulación interinstitucional entre el nivel local, departamental y nacional, justo en un momento en que esa coordinación es más necesaria que nunca.

A esto se suma un elemento adicional: la reducción de órdenes de captura y allanamientos contra líderes de grupos ilegales, así como la designación de algunos de estos actores como gestores de paz. Estas decisiones incrementan los retos operativos para una policía que, además, enfrenta cambios constantes en su liderazgo.

En este contexto, resulta problemático que figuras políticas del Valle del Cauca como Ana Erazo y Alfredo Mondragón —aliados del Gobierno— intenten desviar la atención argumentando, sin sustento alguno, que la crisis de seguridad responde a una supuesta estrategia de la derecha para sembrar miedo. La evidencia apunta en otra dirección: una política de paz total fallida y una gestión errática en materia de seguridad, marcada por la rotación constante de mandos, han impedido la construcción e implementación de estrategias robustas y sostenidas en Cali, el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano.

Todo esto ocurre, además, en una región que le ha depositado reiteradamente su confianza en las urnas a Gustavo Petro, sin obtener resultados concretos a cambio. En reiteradas ocasiones, el Gobierno también ha incumplido compromisos clave para el desarrollo del Pacífico: frenó el Tren de Cercanías pese a haberlo respaldado públicamente, no avanzó en el acueducto de Buenaventura ni en el dragado del canal de acceso al puerto, y tampoco materializó la vía Mulaló-Loboguerrero.

El patrón es claro. Más que una política coherente, lo que se observa es una administración basada en narrativas, marcada por la improvisación, la rotación constante y la ausencia de un norte estratégico. En últimas, el gobierno de Gustavo Petro, promesas incumplidas.

X: @Mariocarvajal9C