Guerra de drones

En Potrerito, zona rural de Jamundí, el zumbido obliga a refugiarse antes de que estalle la carga. La misma escena se ha repetido en más de treinta municipios de doce departamentos. Algunos drones anuncian su llegada; a otros solo los delata la explosión.

Las cifras merecen leerse cuidadosamente. Los registros contabilizan 119 ataques con drones explosivos en 2024, 277 en 2025 y más de 170 en lo corrido de 2026. Más de noventa ocurrieron en Jamundí. Durante la Operación Perseo, en El Plateado, las tropas soportaron 183 ataques, con seis militares muertos y trece heridos. El Estado Mayor Central (EMC) concentra muchas de estas acciones. Existe un nuevo oficio de guerra: el dronero.

Fuentes militares también afirman que contratistas y exmilitares rusos estarían entrenando desde Venezuela a las disidencias y al ELN para modificar y operar drones explosivos. Para contrarrestarlos, Codaltec contrató diecinueve sistemas antidrones destinados al Catatumbo, que debían operar desde diciembre de 2025. Fallaron las pruebas técnicas.

Mientras Colombia vive la versión artesanal de una transformación militar, en Ucrania la guerra de drones redefine la estrategia mundial. Según Volodímir Zelenski, Ucrania produjo 2,2 millones de FPV en 2024. Su ministro de Defensa reportó cerca de tres millones entregados a las fuerzas en 2025, y su industria ya puede fabricar más de ocho millones al año. FPV significa vista en primera persona: unas gafas transmiten las imágenes de la cámara y permiten conducir el aparato hasta el impacto. Por unos cientos de dólares, componentes comerciales se convierten en un proyectil guiado contra tropas, vehículos, infraestructura o civiles. Según el Gobierno ucraniano, los FPV causan el 60 % de las pérdidas rusas.

Una característica de esa guerra es la velocidad de adaptación. Rusia interfiere el espectro electromagnético; semanas después, ambos bandos despliegan drones guiados por fibra óptica, resistentes al bloqueo y con alcances de hasta treinta kilómetros. El ciclo se mide en semanas. Colombia sigue atada a procedimientos presupuestales y contractuales diseñados para amenazas más lentas.

México anticipa el siguiente capítulo. Entre 2021 y 2025 el país documentó 221 ataques atribuidos a cárteles, con 77 muertos. El Cártel de Jalisco Nueva Generación acumuló el mayor número entre las organizaciones identificadas. El patrón se repite: el bajo costo, la distancia del atacante y el efecto psicológico convierten al dron en un instrumento asimétrico de control territorial. En Colombia, las disidencias de las Farc y el ELN ya emplean drones explosivos; otras organizaciones los utilizan para vigilancia y protección de corredores de tráfico ilícito.

Ante esta amenaza, Colombia necesita una doctrina que integre tecnología, organización, entrenamiento e industria. Esto exige unidades especializadas en sistemas no tripulados, pilotos formados rápidamente y capacidad para incorporar las lecciones del terreno. También requiere una defensa en capas y de bajo costo. Destruir un aparato de cientos de dólares con un misil de centenares de miles resulta insostenible. Interceptores económicos, guerra electrónica portátil y mallas físicas deben proteger bases, estaciones de Policía e infraestructura crítica.

El país necesita una cadena corta entre el frente y la industria. Talleres regionales, universidades, empresas tecnológicas y un régimen de adquisición de emergencia permitirían desplegar soluciones en pocos meses. La inteligencia debe concentrarse en componentes, repuestos, instructores, pilotos y financistas: una red logística más vulnerable que los aparatos en vuelo. El enemigo aprende en semanas. Nuestras Fuerzas Militares contratan en años.

Ucrania reinventó su forma de pelear porque su supervivencia dependía de ello. Colombia actúa como si dispusiera de tiempo. Esa demora puede terminar costando mucho más que los drones de trescientos dólares.