¿La economía puede esperar?

El 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, cambió la vida de buena parte del occidente colombiano. Y la afectación se concentró en el Valle: de los 304 fallecidos que reporta el balance nacional, 189 son del departamento; de los 4548 heridos, 3555. A eso se suman 9959 viviendas destruidas y 45.098 averiadas. Detrás de cada cifra hay una vida que cambió en segundos.

Antes de cualquier análisis hay que decir gracias por estar vivos. De alguna manera, todos aquí somos sobrevivientes. Y gracias a toda la gente del sector público y privado que trabajó, coordinó, donó, cocinó, organizó acopios y transportó ayudas, removió escombros con sus manos y ayudó a alimentar o rescatar a alguien.

Porque lo primero era, y sigue siendo, salvar vidas y acompañar a quienes lo perdieron todo. Hay familias que aún esperan noticias y otras que duermen lejos de sus casas; esa asistencia no puede aflojar. Pero, en paralelo, hay que hablar de lo segundo: cómo lograr que esas mismas personas vuelvan a trabajar.

En una tragedia de esta magnitud, las medidas excepcionales son necesarias. Cuando hay personas atrapadas bajo los escombros y familias sin techo, despejar una vía, decretar un toque de queda o ampliar el pico y placa vale más que un día de ventas. El problema aparece cuando confundimos la emergencia con la recuperación. Eso lo aprendimos en la pandemia: contener el contagio justificó medidas extraordinarias, pero mantener paralizada la actividad tenía un costo que también pagaban las personas. La economía no es una abstracción: son empleos, negocios y familias que necesitan ingresos.

Hoy el riesgo es una crisis doble: familias sin vivienda y, al mismo tiempo, sin ingresos. Y el terremoto no afectó solo a quienes aparecen en los registros de pobreza. Hay familias de clase media que perdieron su casa y nunca habían pedido un subsidio; comerciantes sin local que igual deben pagar costos fijos; profesionales independientes que no pueden trabajar; pequeños empresarios que tienen que reconstruir su patrimonio y sostener empleos al mismo tiempo. Una recuperación limitada a los instrumentos tradicionales de la política social los dejaría por fuera.

Y hay otro riesgo: el retroceso social. Cali venía con un desempleo de 8,6 %, el más bajo para ese periodo desde 2007, pero con cerca de 547.000 personas en la informalidad. Para ellas, una semana sin ingresos no es un dato estadístico: si no abren, no comen. Y ahí está lo que más deberíamos cuidar, porque las cifras recientes del Dane muestran que en Cali 83.000 personas salieron de la pobreza monetaria en un solo año. Si se afecta el empleo, se afecta la pobreza. Y ese efecto no dura un trimestre: quien primero lo siente es la clase media emergente, la que salió hace poco y no alcanzó a construir un colchón.

Por eso, cuando alguien dice que ‘la economía puede esperar’, vale la pena preguntar: ¿quién espera? No espera la economía. Esperan las personas que dependen de ella. Reactivar no es una concesión al comercio: es la condición para que las familias recuperen sus ingresos y la fuente de los recursos que financiarán una reconstrucción que durará años.

El Gobierno anunció la emergencia económica y un desembolso del Banco Mundial. Son decisiones importantes, pero los recursos deben llegar rápido y llegar bien, con subsidios ágiles y bien focalizados, sin suponer que el crédito lo resuelve todo: quien perdió su casa, su inventario o su cosecha muchas veces no está en condiciones de asumir una nueva deuda.

También hay una responsabilidad empresarial. Las empresas no solo han sido víctimas; también han sido parte de la respuesta, con maquinaria removiendo escombros, camiones movilizando ayudas y aportes para atender la emergencia. Por eso quiero decirles a los empresarios que sienten pudor de volver a abrir: no tengan vergüenza de trabajar. Abrir un negocio no es olvidar a las víctimas; es mantener empleos y permitir que otras familias se sostengan. Eso sí, trabajar con responsabilidad significa no aprovecharse de la tragedia: subir sin justificación los arriendos, los materiales o los alimentos que escasean es aprovecharse del vecino.

Y los ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Ayudar no es únicamente donar. Podemos comprar en el negocio del barrio que volvió a abrir, contratar a un proveedor de la región y, cuando haya condiciones, hacer turismo en los municipios afectados. Una donación atiende una necesidad inmediata; una compra ayuda a reconstruir un medio de vida.

¿La economía puede esperar? Sí, cuando todavía estamos buscando sobrevivientes. No, cuando de ella depende que una familia vuelva a tener ingresos, que un negocio vuelva a abrir, que un campesino vuelva a producir y que un municipio vuelva a vivir. Porque después de salvar vidas, hay que ayudar a reconstruirlas.

@edwinhmaldonado