Elecciones sin corrupción y sin violencia

Cuando ya se acercan las elecciones del próximo 31 de mayo para elegir presidente o presidenta de la República, junto con sus respectivas fórmulas vicepresidenciales, es conveniente recordar que constituye un deber ético y democrático, tanto para quienes respaldamos la candidatura de Paloma Valencia a la Presidencia de la República y de Juan Daniel Oviedo a la Vicepresidencia, como para quienes apoyan a otros candidatos y candidatas, exigirles a todos ellos, así como a los partidos y movimientos políticos que los acompañan, un compromiso público en favor del desarme de la palabra y de la cero tolerancia frente a cualquier hecho de corrupción o de violencia que se presente en las diversas campañas electorales o en la vida cotidiana colombiana.

En la perspectiva de impulsar ese compromiso ético que tanto necesita Colombia, invito a que personas de la diversidad política y social nos unamos en la diferencia para exigir públicamente que el próximo 31 de mayo se realicen, en todas las regiones urbanas y rurales del país, elecciones libres de corrupción y de violencia. Asimismo, para denunciar cualquier hecho que comprometa la libertad del sufragio y velar para que tales situaciones no ocurran.

Lo anterior significa rechazar de manera total la indignante práctica de la compra y venta de votos, así como el intercambio de favores políticos o sociales a cambio de votos. Igualmente, implica rechazar la criminal práctica de los grupos armados ilegales —muchos de ellos relacionados con el narcotráfico y la minería ilegal— de presionar, mediante la amenaza de las armas, el voto en favor de determinado candidato o candidata a la Presidencia de la República.

Sin duda, un buen ejercicio democrático que podemos realizar inmediatamente después del próximo 31 de mayo los diversos sectores políticos y sociales es analizar objetivamente y sin apasionamientos políticos el comportamiento electoral de la población en las zonas rurales y urbanas del país, a fin de sustentar las quejas políticas y jurídicas a que haya lugar y prevenir que tales hechos vuelvan a ocurrir.

Si bien es cierto que, en la democracia colombiana, una de las diversas duplas de candidatos o candidatas ganará la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, también es cierto que en democracia no podemos aceptar, como mansos corderos, que quienes resulten elegidos lo hagan mediante prácticas antidemocráticas, tales como la compra de votos o el intercambio de favores políticos y personales a cambio de votos. Mucho menos que las personas, principalmente en las zonas rurales, sean presionadas mediante la violencia para votar por determinado candidato o candidata.

Hechos violentos que han venido ocurriendo en Colombia, como las amenazas de muerte contra candidatas y candidatos tanto a la Presidencia como a la Vicepresidencia de la República, así como el reciente asesinato del exalcalde del municipio de Cubarral, Meta, Rogers Mauricio Devia Escobar, y de su asesor, ambos relacionados con la coordinación en ese departamento de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, deben servir de alerta para las personas demócratas de la diversidad política y social, a fin de que, unidos en la diferencia, le digamos siempre un no rotundo tanto a la compra de votos como a la violencia, vengan de donde vengan y las ejerza quien las ejerza.