Gobierno Trump: los diez cambios migratorios que más han afectado a los colombianos

Con la llegada de Donald Trump al poder del Gobierno estadounidense, distintos sectores de ese país modificaron sus políticas. Tal es el caso de la migración, una de las banderas de campaña del Mandatario y que ha sido tema de discusión a nivel mundial.

Precisamente, una de las primeras medidas de Trump en esta materia fue firmar una orden ejecutiva con la que declaró la emergencia nacional en la frontera sur, ordenando así redoblar el personal, revisar las políticas migratorias y denegar el ingreso físico no autorizado de extranjeros.

Varios fueron los ciudadanos que se vieron afectados con esta serie de decisiones, entre ellos, los colombianos. Conozca los diez momentos más cruciales.

Bono para autodeportarse

El Departamento de Seguridad Nacional anunció una estrategia de incentivos económicos para la salida voluntaria del país, conocida como autodeportación. A través de la aplicación móvil CBP Home, las personas en condición migratoria irregular pueden gestionar su salida de Estados Unidos. Si cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades, recibirían un incentivo económico de hasta 2600 dólares por abandonar el país de manera voluntaria.

Aumento del precio de la visa

Desde el 1 de octubre de 2025 aumentó el costo de las visas de turismo y negocios. La subida se produjo tras la entrada en vigor de la llamada Gran y Hermosa Ley de Facturas, que incorporó una “Tasa de Integridad” de 250 dólares al proceso. Este valor se suma al costo tradicional de la visa, fijado en 185 dólares, por lo que el trámite pasó a costar 435 dólares, cerca de 1,6 millones de pesos colombianos.

Cobro para solicitar asilo en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos introdujo un cobro de 100 dólares para quienes presenten solicitudes de asilo mediante el formulario I-589. La tarifa deberá pagarse cada año mientras el caso permanezca sin una decisión definitiva por parte de las autoridades migratorias.

Aumento de tarifas para permisos y renovaciones

Otra de las decisiones adoptadas fue el incremento en el costo de los permisos de trabajo, conocidos como EAD. Desde julio, el trámite para solicitarlo por primera vez tiene un costo de 550 dólares, mientras que su renovación pasó a costar 275 dólares.

Suspensión de emisión visas de inmigrante

El Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió la expedición de visas de inmigrante para 75 países, entre ellos Colombia. Aunque los solicitantes pueden continuar presentando documentos y asistiendo a entrevistas, las autoridades no emiten el documento mientras se realiza una revisión interna de los procesos.

Revisión de redes sociales

Los solicitantes de visa también deben declarar las cuentas de redes sociales que han utilizado en los últimos años. Con esta información, los funcionarios consulares pueden revisar publicaciones, interacciones y actividad digital reciente antes de aprobar o negar el trámite.

Reducción de la duración de permisos de trabajo

Las autoridades migratorias redujeron la vigencia de los permisos laborales de un máximo de cinco años a 18 meses. La decisión se sumó a la eliminación de la renovación automática de estos documentos.

Registro obligatorio para inmigrantes indocumentados

Desde abril pasado, las personas indocumentadas mayores de 14 años que viven en Estados Unidos deben registrar su dirección física y sus huellas dactilares ante el gobierno federal. Quienes no cumplan con esta obligación pueden enfrentar multas de hasta 5000 dólares o penas de prisión de hasta seis meses.

La “carga pública”

Bajo esta política, los funcionarios pueden evaluar factores como ingresos, historial laboral, edad, salud y educación para determinar si un solicitante podría depender de ayudas del Estado, lo que podría llevar al rechazo de la visa o la residencia permanente.

Deportaciones exprés y hacia terceros países

El Departamento de Seguridad Nacional amplió el uso de las deportaciones rápidas a todo el territorio estadounidense. Con esta medida, los migrantes detenidos pueden ser expulsados sin audiencia ante un juez. Además, el gobierno firmó acuerdos para deportar migrantes hacia países distintos a los de su nacionalidad.