Medida de casa por cárcel por crisis del coronavirus cobijará a 4000 reclusos

El decreto que originalmente buscaba cobijar con medida de aseguramiento domiciliaria a 10 mil reclusos, con el objetivo de evitar un contagio masivo de coronavirus en las cárceles del país, finalmente solo cobijará a unos 4000.

El cambio, explicó la ministra de Justicia, Margarita Cabello, se debió a que se acogieron los conceptos de las entidades estatales que apuntaban a establecer excepciones más amplias sobre los delitos que no podían dar lugar a excarcelación.

Sin embargo, algunos expertos consideran que la medida, aunque es oportuna se puede quedar corta para resolver la emergencia a la que le buscaba hacer frente.

La decisión fue adoptada luego de que dos reclusos murieron y quince más fueran diagnosticados con coronavirus en la cárcel de Villavicencio.

Ahora el reto de la justicia será manejar la avalancha de solicitudes de libertad que de seguro se presentarán y evaluar de la forma más expedita posible a quienes se les concede el beneficio y a quienes no.
El decreto, que el Ministerio estudió durante tres semanas antes de ser sancionado por el Presidente, establece que la excarcelación está dirigida a personas mayores de 60 años, mujeres en estado de embarazo y con niños menores de tres años, además de personas que padecen cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, hepatitis, hipertensión, artritis reumatoidea, entre otras patologías que deben ser tratadas con medicamentos inmunosupresores.

Del mismo modo, beneficiará a las personas que tengan movilidad reducida por causa de alguna discapacidad, sumado a quienes estén condenados a penas de hasta cinco años, que tengan medida de aseguramiento por delitos culposos y quienes hayan cumplido el 40% de su pena en la cárcel.

La Ministra, en rueda de prensa virtual, resaltó este miércoles que las personas que hayan cometido delitos contra menores, lesa humanidad, crímenes de guerra, narcotráfico, contra la administración pública así como corrupción, y que se hayan acogido a algún trámite de Justicia y Paz o la JEP, no tendrán dicho beneficio.

En el caso de las personas mayores de 60 años, Cabello dejó claro que un gran porcentaje fueron condenados por delitos que atentan contra la integridad de menores de edad.

La ministra Cabello aseguró que las medidas se toman con el propósito de mitigar la contingencia que se vive por cuenta del Covid-19.
El penalista Alejandro Carranza cuestionó que , el decreto no tiene en cuenta que personas con patologías como epoc, obesidad, desnutrición así como los fumadores, son población en riesgo frente al coronavirus, como lo demuestran las estadísticas de fallecimiento que ya se registran en Colombia.

Y aunque el decreto no es una medida contra el hacinamiento, afirma el penalista, teniendo en cuenta que en las cárceles del país hay unos 120.629 reclusos, con la salida de 4000, quedan aún 116.629 personas, número que por la infraestructura inadecuada con la que cuentan las cárceles, hace imposible controlar un contagio masivo.

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Otra preocupación que han expresado sectores relacionados con la justicia es que los procesos de excarcelación van a terminar de complicar la ya de por sí abrumadora congestión judicial que hay en el país.
La Ministra dijo al respecto que desde hace dos semanas el Gobierno viene coordinando con el Consejo Superior de la Judicatura y los jueces están dispuestos a empezar con la labor. “El procedimiento es ágil y rápido”, acotó.

Sin embargo, el fiscal general Francisco Barbosa, ya había advertido que “hoy existe congestión en la resolución de este tipo de medidas y con las disposiciones del Decreto solo se exacerbaría”.

“Va a llenar de trabajo a los jueces de garantías, además el Código de Procedimiento Penal establece que el médico legal que diagnostica las patologías de los reclusos, es Medicina Legal, entonces van también de llenar de trabajo al órgano forense”, agregó el abogado Carranza.

Pero el riesgo no solo está en las cárceles o en la administración de justicia: ¿qué va a pasar con los reclusos que queden en libertad y puedan volver a sus casas? ¿Cómo garantizar que no sean portadores asintomáticos del virus y contagien a sus familias?

La ministra Cabello expresó que se les tomará los registros médicos pertinentes y que desde sus casas también podrán acceder al servicio de salud, pero el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, advirtió que, por lo menos en la cárcel de su ciudad, en donde ya hay un brote de coronavirus, deben hacerse pruebas masivas a los reclusos que vayan a quedar en libertad, para evitar que el brote se transmita a la ciudad.

Si bien la medida durará inicialmente seis meses, Cabello dijo que confía en que los reclusos tengan un buen comportamiento a la hora de regresar a las cárceles.

Policía y Ejército controlaron un amotinamiento que se registró ayer en varios patios de la cárcel de mediana y alta seguridad ubicada en el sector de rural de Las Guacas, al norte de Popayán.

Los desórdenes empezaron alrededor del mediodía, cuando los internos del patio dos realizaron con un cacerolazo, para protestar contra el decreto que permite la excarcelación de reclusos por la emergencia del Covid-19.