"Pacífico, una zona roja para candidatos de elección popular": Procurador

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"Pacífico, una zona roja para candidatos de elección popular": Procurador

Septiembre 13, 2019 - 11:30 p. m. Por:
Andrés Felipe Martínez / reportero de El País
Procurador Fernando Carrillo

Procurador Fernando Carrillo

Colprensa

El Valle del Cauca es el departamento con más víctimas de hechos relacionados con violencia política en el último año, según un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

En los últimos doce meses, quince candidatos o precandidatos a las elecciones regionales fueron víctimas de amenazas; cinco fueron asesinados, y cuatro sufrieron atentados.

Aunque se trata del departamento más crítico, un panorama similar de riesgo se vive en el resto de la región pacífica, donde hay 54 municipios en ‘alerta roja’ según el mapa de riesgo elaborado por la Procuraduría General de la Nación.

El titular del Ministerio Público, Fernando Carrillo, estuvo esta semana en Cali y dialogó con El País sobre su preocupación por la escalada de violencia política.

¿Cómo ve la situación de violencia en contra de los candidatos?

Nos preocupa muchísimo. En el momento tenemos 315 municipios en Colombia que están en alerta roja, y entre los departamentos más críticos están Valle, Cauca, Nariño y Chocó. Esta es una zona roja para candidatos de elección popular y para líderes y lideresas sociales que aspiran a una corporación.

Aquí estamos sometidos lamentablemente a una tragedia humanitaria que es que cada 24 o 36 horas hay un hecho violento contra los candidatos a las corporaciones públicas y necesitamos actuar.

¿Qué hacer ante ello?

A comienzos de esta semana le dirigimos una carta al Presidente de la República para proponerle crear un Puesto de Mando Unificado que verifique por lo menos dos veces a la semana qué está sucediendo con los candidatos en Colombia.

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Aquí hay que crear unas rutas de protección inmediata. No son curas superficiales las que se necesitan sino una solución de fondo donde el Estado esté permanentemente definiendo o redefiniendo las rutas de protección de seguridad de los candidatos, porque van a seguir matando dirigentes políticos de cara a las elecciones del 27 de octubre.

Uno de los casos de violencia recientes fue el asesinato de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca. Ella tenía las medidas de protección que usted menciona, pero no fueron suficientes...

Ella tenía una protección, pero entiendo que era muy débil frente a la realidad de lo que sucedió. Lo más grave con el caso de Karina es que ella misma anunció que la iban a matar. Este un país donde está aceptada la estigmatización, donde el arma electoral es el odio y la discriminación, y eso no lo podemos permitir.

Ella denunció haber sido estigmatizada...

Sí. Y pienso que Colombia no puede aceptar ese tipo de argumentos. Aquí quien hace oposición normalmente es estigmatizado, quien pertenece a una minoría étnica es estigmatizado, quien piensa distinto es estigmatizado. Eso lo tiene que rechazar la sociedad. No queremos volver a escenarios de la Colombia del pasado, que es lo que están buscando todos estos señores que en actitud demencial están tratando de anunciar nuevas guerras que fueron las guerras del pasado.

¿A la aparición de estos grupos se debe la escalada de violencia en esta campaña política?

Sí. Evidentemente estos grupos armados organizados y las disidencias de la guerrilla están apuntando al caos, pero para esto está la fuerza del Estado, que implica capacidad institucional y logística. Es un pulso que no nos podemos dejar ganar. El crimen organizado quiere poner en entredicho el momento más importante de una democracia, que son las elecciones. Y los más vulnerables están precisamente en los colectivos más desamparados: los afro, los indígenas, los líderes sociales que están en los territorios, porque es en los territorios donde no ha llegado el Estado.

¿No es necesario entonces colocar a todo el país en alerta roja?

No. Esto tiene que estar priorizado en función de la georreferenciación de las regiones más afectadas por los hechos violentos. Por eso creamos el indicador del riesgo electoral y en este están todos los demás índices que han creado otras organizaciones: las alertas tempranas de la Defensoría, las alertas de la MOE, los informes de la Policía y el índice de víctimas por delitos en personas protegidas. Por eso lo que hicimos fue hacer el mapa de Colombia departamento por departamento.

¿Y cómo está el Valle?

Nosotros tenemos que en el Valle hay doce municipios en riesgo, el 30 % de todas las poblaciones. Y vemos una situación crítica particularmente en El Dovio.

¿Le suena la propuesta de suspender parcialmente las elecciones en los lugares más críticos?

Eso tiene que ser consecuencia de un análisis desde la realidad de lo que está sucediendo. Yo creo que suspender un proceso electoral es un acto bastante drástico y que requiere mucha responsabilidad de quien tome esa decisión. No creo que estén dadas todas las condiciones para hacerlo, porque lo que están es poniéndonos a prueba a quienes estamos en la institucionalidad y la legalidad. Si vamos a ser incapaces de reaccionar como Estado para ganarle ese pulso a la ilegalidad, pues va a tocar suspender las elecciones. Pero yo espero que eso no suceda.

En Palmira, la Alcaldía recomendó no hacer actividades de campaña en la zona rural, ¿le parece una medida pertinente?

El país es tan complejo, tan distinto, que las medidas de seguridad son distintas. Yo he insistido mucho en que los mecanismos tradicionales de la seguridad eran mecanismos de seguridad individual, reactiva, urbana, cuando lo que se necesita es todo lo contrario.

Entonces sí ve necesario acciones como la de Palmira…

No, no necesariamente. Eso es lo que es no deseable. Lo que hay que hacer es que el Estado tiene que demostrar que tiene fuerza institucional y que es capaz de garantizarles a los candidatos que puedan salir a la plaza pública. Y eso se hace si se levanta toda la institucionalidad para defender el sistema político.

En el tema de candidatos inhabilitados, ¿va a haber una segunda lista?

Tenemos por ahora la primera lista de 694 personas, y cumplimos con el deber legal que fue pasar esa lista para la sanciones administrativas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las sanciones penales de la Fiscalía. Y estamos recibiendo más información para ver si ampliamos esa lista.

La mayoría de inhabilidades se debe a que candidatos aparecen como condenados por delitos en la última década, ¿cómo se entiende eso?

Sí, y el mensaje que hay que enviarle a la ciudadanía es que no puede votar por los corruptos, por gente que tiene antecedentes porque ha dilapidado recursos públicos y ha atentado contra la moralidad pública y contra el interés público.

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