Ojo, decreto modifica normas para apps de alojamiento en Colombia este 18 de diciembre: ¿se quedará sin hospedaje?

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), tiene listo un proyecto de decreto que podría cambiar radicalmente la forma en que operan las plataformas de alojamiento temporal en Colombia, incluyendo Airbnb, y dejar sin efecto su presencia en el país desde el 18 de diciembre.

La iniciativa normatividad buscaría imponer nuevas cargas de cumplimiento técnico y jurídico tanto para las plataformas digitales como para los propietarios de inmuebles turísticos, con exigencias que, según gremios del sector, resultan “imposibles de cumplir” y exceden los límites de la Ley General de Turismo vigente.

Uno de los cambios más controvertidos que se llevará a cabo es la transformación del sistema actual, que es declarativo y ha permitido que cerca del 95% de las viviendas turísticas estén registradas hacia un mecanismo de “preverificación” administrativa.

Dicho proceso implicaría que las plataformas y anfitriones obtengan una “licencia de facto” antes de poder operar, un requisito que podría preocupar a los pequeños prestadores de servicios turísticos.

Requisitos técnicos y cargas documentales

El borrador planteado por el MinCIT incluiría obligaciones como verificar que el uso del suelo y los reglamentos de propiedad horizontal de cada inmueble permitan la operación de alojamiento turístico, además de supervisar semestralmente la vigencia de los registros, controlar anuncios repetidos y garantizar interoperabilidad con sistemas gubernamentales que aún no están implementados.

Según el pronunciamiento de la CCIT, las plataformas tendrían que hacer una verificación periódicamente, con exactitud cada seis meses, la vigencia del RNT, supervisar que no existan anuncios repetidos y garantizar la interoperabilidad con sistemas gubernamentales que aún no están siendo implementadas.

Gremios como la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) han sido enfáticos al señalar que estas exigencias no solo son difíciles de aplicar técnicamente, sino que podrían trasladar al sector privado responsabilidades que hoy corresponden al Estado.

Los nuevos requerimientos pondrían en riesgo a miles de pequeños prestadores de alojamiento temporal, muchos de los cuales dependen de Airbnb y otras plataformas como fuente de ingresos.

Según la CCIT, las plataformas de turismo en Colombia generan más de 215.000 empleos, por ende han aportado más de 550 millones de dólares al PIB turístico, una contribución muy valiosa para el crecimiento económico del país.

Además, este enfoque regulatorio podría concentrar la oferta en grandes operadores y excluir a los pequeños proveedores, empujándolos hacia la informalidad y reduciendo la seguridad y trazabilidad que proporciona el ecosistema digital.

Cabe mencionar que la mitad de los anfitriones son mujeres y un 15 % adultos mayores.