Nueva ley obliga a eliminar 53.000 alojamientos de Airbnb y plataformas de alquiler vacacional

El mercado de alquiler turístico en España atraviesa un punto de inflexión. El Ministerio de Vivienda ordenó retirar 53.876 alojamientos de plataformas como Airbnb y otras similares, tras la entrada en vigor de la normativa que exige un número de registro nacional obligatorio desde el pasado 1 de julio.

La medida impacta directamente en uno de los sectores más dinámicos del turismo español, pero que a la vez ha estado en el centro del debate por sus efectos en la disponibilidad y el precio de la vivienda.

Según Airbnb, uno de cada diez anuncios activos en su plataforma se verá afectado por la decisión.

De acuerdo con datos oficiales, la crisis habitacional que vive España ha intensificado el escrutinio sobre los alquileres de corta duración. El registro habilitado por el Gobierno recibió 336.497 solicitudes, de las cuales la mayoría, 264.998 (un 78,7 %), correspondían a viviendas de uso turístico.

Sin embargo, tras la revisión, más de 53.000 anuncios fueron revocados, lo que equivale al 20,3 % de los inmuebles inscritos en esa categoría.

Según el Ministerio de Vivienda, la decisión se enmarca en el objetivo de recuperar parte de estas viviendas para el mercado residencial, donde la oferta resulta insuficiente frente a la creciente demanda.

En un comunicado, la entidad advirtió que la proliferación de pisos turísticos ilegales, especialmente en zonas costeras y grandes capitales, ha tenido un impacto directo en la subida de precios, generando presión social y reclamos por parte de varios ayuntamientos.

Un nuevo sistema de control

Para reforzar la supervisión, desde enero funciona la Ventanilla Única Digital, una plataforma que centraliza la información entre el Ministerio, los registradores de la propiedad y las compañías de alquiler.

El objetivo es combatir el fraude en los anuncios de corta estancia y garantizar que solo los alojamientos que cumplan con los requisitos puedan operar.

La obligatoriedad del registro afecta tanto a anfitriones individuales como a empresas. El Ministerio aclaró que la exigencia aplica a todos los intermediarios, por lo que cualquier vivienda sin número oficial deberá ser retirada sin importar en cuántas páginas se encuentre publicada.

La respuesta de Airbnb y otras plataformas

Ante la medida, Airbnb expresó públicamente su disposición a colaborar. La empresa afirmó que eliminará los alojamientos que no cuenten con el número de registro obligatorio y aseguró haber notificado a todos sus anfitriones sobre esta obligación desde que entró en vigor la norma.

Con esto, la plataforma busca evitar sanciones y alinearse con la política gubernamental, aunque el impacto será significativo, ya que, alrededor del 10 % de su oferta actual en España deberá desaparecer de manera inmediata.