Colombia retiró los aranceles del 30 % impuestos a productos provenientes de Ecuador

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 0583 de 2026, mediante el cual eliminó los aranceles del 30 % que Colombia había impuesto en febrero de este año a las importaciones provenientes de Ecuador. Con esta decisión, ambos países acatan las directrices emitidas recientemente por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La CAN había advertido que las medidas adoptadas por Colombia y Ecuador contravenían el Acuerdo de Cartagena, que prohíbe la imposición de gravámenes entre los países miembros del bloque andino.

En cumplimiento de esa decisión, Ecuador oficializó el pasado 1 de junio la eliminación total de los aranceles y de la denominada “tasa de seguridad” aplicada a los productos importados desde Colombia.

Ahora, el Gobierno colombiano dejó sin efectos el Decreto 0170 del 20 de febrero de 2026, que establecía un arancel del 30 % para mercancías ecuatorianas.

Según la exposición de motivos del nuevo decreto, la eliminación de la tasa aduanera ecuatoriana “suprime las circunstancias que dieron lugar a la adopción de las medidas contenidas en el Decreto 0170 de 2026 y permite restablecer, en gran medida, las condiciones normales de acceso al mercado binacional”.

Aunque el comercio entre ambos países comienza a normalizarse, el arroz continuará sujeto de manera temporal a medidas especiales de vigilancia y control.

La disputa comercial se produjo en medio de una guerra arancelaria desatada por las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Ecuador.

Las diferencias escalaron hasta el plano político cuando el presidente ecuatoriano expresó su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, un gesto que el presidente Gustavo Petro calificó como una injerencia en los asuntos internos del país.

En su momento, a través de un comunicado, el Gobierno colombiano manifestó su preocupación por declaraciones públicas que, a su juicio, podrían dar a entender que decisiones comerciales con impacto en trabajadores, empresarios y comunidades fronterizas están siendo utilizadas en el marco de dinámicas político-electorales.

“Las decisiones comerciales que afectan el bienestar de las poblaciones fronterizas y el desempeño de los sectores productivos deben estar guiadas exclusivamente por criterios técnicos, jurídicos e institucionales”, señaló la Cancillería.

Además, sostuvo que la eventual utilización de medidas económicas durante campañas o debates electorales puede generar incertidumbre y afectar la confianza entre los agentes económicos.