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El río Cauca recibió los desechos generados de la empalizada que provocó la creciente del río La Paila en Corinto, Cauca, por lo que tuvo que suspenderse la operación en la planta Puerto Mallarino. | Foto: Archivo de El País

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Los polémicos cuatro contratos que tienen en el 'ojo del huracán' a Emcali y su gerente

Un convenio con la ERT, el pasado alumbrado navideño y ahora los contratos para el mantenimiento de la PTAP de Puerto Mallarino prenden las alertas.

26 de septiembre de 2021 Por: Redacción de El País 

mpresas Municipales de Cali, Emcali, terminó la semana en el ojo del huracán. Esta vez por cuenta de dos contratos que fueron suscritos por la compañía con los consorcios Clarificación y Renovación Puerto Mallarino, que presentaron garantías crediticias falsas para poder acceder a estos negocios. Caso similar al que se registró con Centros Poblados y el Mintic, que hoy es objeto de investigación en la Fiscalía.

El gerente de la empresa caleña, Juan Diego Flórez, dijo que Emcali actuó de buena fe y que los documentos que presentan los proponentes de licitaciones gozan de presunción de legalidad. Se refiere a unas garantías de cupo de crédito que tenían que presentar los consorcios para garantizar la ejecución de los contratos y que resultaron falsas, según trascendió: “El Banco Itaú ha certificado a la Fiscalía General de la Nación que no ha expedido dos cartas de cupo de crédito para los procesos números 900-IPU-0609-2020 y 900-IPU-0610-2020 de Emcali. Dichos documentos son falsos”, comunicó la entidad bancaria sobre el caso.


Por eso, desde algunos sectores ya están pidiendo la renuncia del directivo de la empresa, pues lo responsabilizan de lo que está sucediendo en la organización, dado que esta situación no es la única que se ha presentado.

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De hecho, entre los más polémicos contratos realizados por Emcali está el Alumbrado Navideño 2020, el cual contó con una inversión de más de $10.000 millones, y aún los entes de control no se pronuncian sobre los resultados de las investigaciones solicitadas. Por ejemplo, al consultar a la Procuraduría Provincial de Cali sobre los avance de las investigaciones y las acciones disciplinarias que se llevarán a cabo, el nuevo procurador, Juan Sebastián Giraldo, dice que dicha información se maneja a través del área de prensa y desde esta tampoco dan respuesta.

Incluso, la concejal Diana Rojas señala que en este contrato hay varias irregularidades: “Primero, se cambió el tipo de alumbrado de fijo a móvil por el mismo presupuesto sin justificación. También dijeron que iban a contratar para la reactivación económica a 522 personas y solo contrataron 103, de las cuales la mayoría fueron vinculadas solamente 7 días por un salario mínimo. Adicionalmente, no ha habido pronunciamiento de la Contraloría como sí lo hubo con la Feria virtual”, anota.

Al respecto, el concejal Fernando Tamayo menciona: “Se espera que la misma diligencia que se mostró para la Feria se genere para el alumbrado navideño”.

Entretanto, la cabildante Rojas manifiesta preocupación porque “hay múltiples procesos de contratación con un solo proponente, lo que da serias sospechas de que en los pliegos de condiciones se establecen requisitos muy específicos que limitan y desincentivan a otros proponentes para presentarse”.

Por ello, hace hincapié en que el Gerente General de Emcali “debe renunciar porque ha sido incapaz de garantizar la transparencia en la contratación de la empresa”, dice.

Otro de los controvertidos contratos que dio de qué hablar durante la semana fue el convenio interadministrativo que se suscribió en octubre del 2020 entre Emcali -en cabeza del saliente gerente Comercial, Luis Fernando Cárdenas- con la compañía ERT -Empresa de Recursos Tecnológicos- por un valor de más de $18.000 millones.

Dicho contrato habría provocado la renuncia de Cárdenas al cargo, pues de acuerdo con lo denunciado en el Concejo, la ERT no sería una empresa idónea para responder por las actividades negociadas, principalmente, para prestar servicios del manejo de Contact Center y atención de usuarios de Emcali.

Por lo cual, la ERT subcontrató la ejecución de las actividades del convenio, convirtiéndose en intermediario, “lo que demuestra que no tenía la capacidad, el personal ni la idoneidad para ejecutar dicho contrato, y Emcali hubiera podido contratar los servicios de manera directa para ahorrar los costos de la intermediación”, asegura el concejal Juan Martín Bravo.

Al respecto, Harold Viáfara, del sindicato Unión Temporal de Emcali, USE, comenta: “Es ilógico que Emcali haya pagado alrededor de $2.000 millones solamente para firmarle los contratos a los amigos de la actual administración que eran los que se querían quedar con el contrato a dedo y no participar de las licitaciones”.

Viáfara precisa que este contrato se denunció ante los entes de control, pero aún el silencio se mantiene. Desde la Contraloría se indicó que el contrato que se suscribió el 22 de octubre del 2020 “tiene un otrosí aclaratorio de las actividades (...) Es un contrato que está en ejecución, pero se decidió incorporarlo a la auditoría para revisar la parte de legalidad de las fases que han sido cerradas, la precontractual y en ejecución”.

Por otra parte, el cabildante Roberto Ortiz, menciona que desde hace varios meses “se han venido denunciando irregularidades como el de la empresa española Acciona con la remodelación de la Ptar de Cañaveralejo, con el que no ha pasado nada, es un caso con el que Emcali puede pasar de un contrato de $80.000 millones, a pagar una indemnización de $150.000 millones, también es un contrato irregular”.

Estas actuaciones administrativas generan dudas e incertidumbre en la ciudadanía, incluso, por ello la veedora ciudadana Luz Betty Jiménez, señala que lo sucedido con Emcali en torno a la contratación oficial “pone de presente el grado de corrupción de las instituciones y de las empresas del Estado contratista que se une con algunos empresarios privados para defraudar el erario público, matizado por una buena dosis de impunidad por parte de los entes de control, generando un detrimento del patrimonio que se cubre con el pago de las facturas de los servicios públicos de los usuarios de la ciudad, de Yumbo y de Jamundí”.

Sigue la investigación

La más reciente polémica sobre la empresa de servicios públicos es la investigación que adelanta la Fiscalía sobre el cartel de la contratación en el país. Durante esa indagación encontraron documentos falsos en dos contratos que Emcali suscribió este año para ejecutar actividades en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Puerto Mallarino.

De acuerdo con el secretario General de Emcali, Carlos Olmedo Arias, los dos contratos que suman $6.212 millones, están firmados por consorcios diferentes pero ambos están integrados por las tres mismas sociedades: Asecaf SAS, Contelac SAS y Proctor Construcciones SAS.

Esta última fue la que presentó, dentro del proceso de selección y calificación de oferta, cartas en las que acreditó ante Emcali tener cupo de crédito con el Banco Itaú firmadas por un funcionario del banco, las cuales serían falsas. 

Aunque, Arias explica que los documentos que presentan los proponentes de licitaciones, en principio tienen presunción de buena fe, “ello no es óbice para que las entidades revisen la información que se les suministra”.

En Emcali, agrega, se adelantan más de 500 procesos al año y en lo que lleva esta administración se han celebrado más de 800, “todos los procesos contractuales tienen un grupo o un funcionario encargado de verificar los requisitos”.

Para el concejal Fernando Tamayo “este tipo de escándalos lo que genera es incertidumbre y desconfianza. Por eso es necesario que la Administración explique estas situaciones para dar tranquilidad a la ciudadanía”.

¿Vía a contratación directa?

Además de las contrataciones objeto de señalamientos, algunos concejales consideran que la modificación del Objeto Social a Emcali -aprobado el pasado mes de diciembre- abrió la puerta “a la entrega de más convenios interadministrativos de forma directa, a la subsanación de la contratación del alumbrado y a entregar negocios como la reparación de la malla vial del Plan Bicentenario, entre otros”, dice la concejal Diana Rojas.

Una opinión similar tiene el cabildante Harvy Mosquera, quien anota: “Queda en el ambiente que al Concejo se trajo un proyecto de acuerdo para hacer más competitiva la entidad de servicios públicos ampliando su objeto social, pero más bien pareciera que al interior de la compañía lo habrían convertido en la vía para contrataciones directas y firma de convenios administrativos, que hoy generan dudas y tendrían visos de ilegalidad”.

Contratos anteriores

Cabe resaltar que en el año 2006 y 2007 Emcali ya había celebrado contratos con una de las tres sociedades involucradas en la polémica del caso relacionado con Mintic y Centros Poblados. Se trata de Consultoría Técnica Latinoamericana y del Caribe (Contelac SAS), con la cual se adjudicaron al menos cinco contratos por una suma total de $960.239 millones.

Los contratos tuvieron diferentes objetos como la interventoría para la supervisión de la obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Miraflores; los estudios y diseños para el acueducto de Parcelaciones de Pance; y el estudio de prefactibilidad para el diseño y construcción de acueducto en Navarro.

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