Las relaciones 'tormentosas' de Duque con el Congreso de la República

Fueron las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP lo que más llevó a que el Gobierno no tuviera una fluida relación con el Congreso de la República, porque las mismas llevaron a que la discusión de estas se tomaran casi tres de los cuatro meses de sesiones del Congreso.

Entre marzo y mayo fue el tema que se impuso, casi que canceló la agenda y ante todo volvió a polarizar el ambiente político entre los amigos y enemigos de la paz. De ahí que el Partido de La U no le apoyó, sin importar que fueran bancada de gobierno. Liberales y Cambio también se marginaron.

La situación más compleja se dio en el Senado, que pese a una relativa mayoría del Gobierno y el presidente era el uribista Ernesto Macías, este le dio largas al debate de las objeciones que se hundieron.

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Para el analista Édgar Arias, “ese fue el punto de quiebre del Gobierno, por lograr pasar las objeciones puso en riesgo normas tan importantes como el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la Ley TIC y hasta suscitó que una oposición fortalecida, tramitara una moción de censura al ministro de la Defensa, Guillermo Botero, la cual para su fortuna no prosperó”.

Arias indica además que no se puede negar que las mayorías funcionaron en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) porque es una ley que a todos les conviene, aunque no hubiese sido problema expedirlo por decreto como lo hizo en su momento el presidente Andrés Pastrana.

Pero no todo fue fracaso para el Gobierno en el Legislativo. En junio pasado y luego de seis meses de espera, le aprobaron la ley de reforma a las TIC, que fue duramente cuestionada por la oposición y sectores del liberalismo generó un duro enfrentamiento en redes sociales, pero logró salir avante.

Las reformas del paquete anticorrupción fue otro tema en el que el Ejecutivo no tuvo un buen momento en el Congreso. Si bien los proyectos llegaron fruto de la consulta anticorrupción, la radicación de los mismos se dio en virtud del acuerdo con las bancadas de la oposición.

No pasó mucho tiempo para ver que esas leyes serían muy complejas de aprobarse. La reforma constitucional que bajaba el salario de los congresistas y los más altos funcionarios del Estado fue la primera que se quedó en el cementerio legislativo. Sin embargo y para ser precisos, muchos de estos proyectos no eran de gusto del Gobierno como tampoco de las mayorías del Congreso.

Este díficil panorama que se formó en el año Legislativo, llevó a pensar que serían más las distancias que los acercamientos que se darían con Duque y sus ministros, la mayoría cuestionados por su distanciamiento de la clase política y la falta de conocimiento del tema.

El cierre de 2018 terminó con sombras y algunos aciertos en el Congreso. A Duque finalmente la bancada de gobierno y los independientes le apoyaron la reforma tributaria, el presupuesto del 2019, la ley que daba más facultades a la Supersalud para sancionar a las EPS y el presupuesto bianual de las regalías.

Quedó moribunda la reforma política, la cual llegó a tramitarse con la ambiciosa propuesta del fin voto preferente. Vio como se hundió la reforma a la justicia, que fue duramente criticada por el entonces presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, quien además de forma permanente tuvo controversias con la ministra de Justicia, Gloria Borrero.

De ahí que el pasado 20 de julio el presidente Iván Duque en su discurso de la instalación del Congreso, sorprendiera al decir: “no reconozco enemigos ni contendores políticos. Mi deseo es gobernar para todos y con todos los colombianos”.

Al Gobierno se le cuestionó que llevó una agenda legislativa que radicó pero que no socializó ni permitió cambiar, a la vez que desconoció iniciativas de los partidos, mayor crítica de Cambio Radical.

“Invito hoy al Congreso a que en esta segunda legislatura avancemos en la generación de un marco de protección a la vejez colombiana, que impongamos la cadena perpetua a violadores y abusadores de niños, que avancemos en los proyectos anticorrupción, que debatamos el futuro del mercado de capitales y del crecimiento limpio”, sostuvo.

Incluso fue más allá, “trabajaremos con los partidos en una agenda legislativa para que juntos construyamos un debate democrático en este Congreso de cara a la reflexión nacional”, dijo Duque.

Carlos Cuenca, militante de Cambio Radical y nuevo presidente de la Cámara de Representantes, dice que eso evidencia que viene un cambio en la relación del Gobierno con el Congreso. “El Gobierno empieza a entender que somos una bancada que necesita a su lado, un coequipero. Porque si hubiesen aceptado las iniciativas que presentó Cambio Radical la legislatura pasada, ese hubiese sido un camino para no pensar en la independencia. No es que nos hubieran aprobado todo, pero sí que hubieran tenido al menos un gesto con el partido de aceptar un número de ellas”, reclama Cuenca.

El presidente del Senado, liberal Lidio García Turbay, sostiene que es evidente que el gobierno Duque ya está trabajando con un nuevo estilo de relacionamiento. “Yo pienso que sí, y si no lo hace va a seguir fallando o sino le halan las orejas un poco porque van a seguir cometiendo errores que después no van a poder mejorar, porque aquí el tiempo que se pierda es oro puro”, declara.

Para el presidente del Senado la prioridad legislativa es la ley anticorrupción. “Es un proyecto presentado por el Gobierno con el aval de todas las fuerzas políticas que están en el Congreso y acompañado por la Fiscalía General. El país está esperando y creo que sin temor a equivocarme que será votado por todas las bancadas del Congreso”.

El senador conservador Juan Diego Gómez, un crítico de la administración Duque en su primer año, aseveró que “creo que el Presidente mandó un mensaje positivo, lo ha hecho en un tono conciliador, más fluido”.

Por ahora pareciera que el panorama legislativo en el segundo año de Iván Duque será mucho mejor, un Congreso que mantendrá al Centro Democrático, Conservador, La U y los cristianos (Mira y Colombia Justa Libres) en el oficialismo, y a Cambio Radical y al Partido Liberal en la independencia. La oposición tampoco cambiará, sigue con el Polo, los Verdes, el petrismo, las Farc y los indígenas.

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leyes fueron aprobadas por el Congreso de la República en diez meses, según reporte de la Presidencia de la Republica. La Ley de Financiamiento y el PND, entre las más importantes.

1. Ley Anticorrupción. El hundimiento de este proyecto de ley le significó gran desgaste político al Gobierno de Duque, ya que venía de un referendo.

2. Reforma a la Justicia. Acababa con el Consejo de la Judicatura, fortalecía la rama judicial y reglamentaba la tutela, se hundió por falta de trámite.

3. Reforma Política. En mayo la Comisión Primera del Senado enterró este proyecto de ley, que exigía la lista cerrada y participación del 50% de mujeres.

4. Moción de censura a los ministros Alberto Carrasquilla y Guilermo Botero, liderada por la bancada de oposición, pero el Gobierno salió triunfante.

5. Ley TIC. Estuvo a punto de hundirse, pero el Gobierno la sacó adelante, ya que mejorará las comunicaciones y favorecerá 20 millones de colombianos.

El 24 de marzo pasado fue el día que más afugias tuvo que pasar el gobierno de Iván Duque en el Congreso. Estuvo a punto de ver sucumbir la hoja de ruta de su administración ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, como identificó el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que al final le aprobaron las Comisiones Económicas.

Para ello, el Gobierno trajo a Bogotá al senador barranquillero de Cambio Radical Luis Eduardo Díaz-Granados, para que su voto salvara el trámite del PND. Pero no logró el apoyo de la segunda bancada más grande del Congreso. Sin embargo, fue de las pocas veces que la voz del Gobierno se impuso y logró aprobar el PND. De lo contrario, fueron muchos los proyectos que tramitó Duque y no contaron ni con el apoyo de su propio partido, el Centro Democrático (CD).

En la retina legislativa está el trámite de la Ley de Financiamiento o reforma tributaria. La misma que llegó con la bandera de imponer el IVA a toda la canasta familiar y otros impuestos más, no pudo ser defendida ni por el propio Álvaro Uribe, quien, con una avalancha de críticas de todos los sectores, aseguró que no le iban a votar a Duque esa ley.

La dificultad de manejar la agenda legislativa en el Congreso se vio también cuando el Partido Conservador ya había notificado que no votaría el proyecto original de le reforma tributaria.

Otro partido de gobierno, La U y los dos independientes Liberal y Cambio Radical, se fueron por la misma línea, aprobar muy peluqueada la reforma tributaria con la cual el Gobierno esperaba cuadrar caja y bajar el déficit fiscal que le heredó el gobierno de Juan Manuel Santos.

Se cuestiona la relación distante del gabinete con el Congreso. Como la de la exministra de Justicia, Gloria María Borrero, con Eduardo Enríquez M., presidente de Comisión I del Senado.

En un sistema de gobierno presidencialista como el de Colombia, el éxito de las relaciones entre el Gobierno y el Congreso dependen fundamentalmente del primero y no tanto del segundo. El Gobierno es el que tiene la capacidad de poner la agenda, el alcance y los objetivos de esa relación, pues es el que concentra el poder. Así las cosas, el Gobierno Duque es el que decide la agenda legislativa, qué contenido le da a esa agenda y cuál es el método que utiliza para lograr que el Congreso se la apruebe, partiendo de que es el Gobierno el que tiene la posición preponderante, de fuerza política, para imponerla. Pero para lograrlo, tiene que tener muy claro que está en sus manos y que la decisión que tome tiene unos costos que debe estar dispuesto a asumir o no. Duque decidió no asumir los costos de esa relación, que es de transacción y de complacencia con los congresistas para poder que ellos le aprueben la agenda. Y lo que creó fue una ruptura, pues los desafió al decir que no estaba dispuesto a concederles nada. Y los congresistas, sabiendo que todo lo tenían perdido, tomaron la decisión de radicalizarse y asumir el riesgo de no concederle nada, porque igual ya todo estaba perdido.

*Fernando Giraldo, politólogo