Falta de abogados, de coordinación y hasta de gasolina pone 'en jaque' a la Justicia en Cali

De 100 audiencias que se programan en Cali, entre 50 y 60 se llevan a cabo, el resto fracasan, afectando de manera grande a la justicia de la ciudad.

El problema pasa por fallas en el sistema penal acusatorio, como que la Defensoría del Pueblo no asigna a tiempo abogados a los casos o que el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) no tiene dinero para la gasolina de los carros que trasladan a los presos a las audiencias.

Solo el lunes pasado, la audiencia en Cali de imputación de cargos contra Camilo Alexis Martínez y Didier Mauricio Giraldo, presuntos asesinos de Lady Johana Morales, se aplazó por segunda ocasión en menos de 30 días.

Pese a que los dos implicados fueron capturados el pasado 8 de marzo de 2019, aún no se ha desarrollado la diligencia judicial porque los detenidos no tienen abogado de oficio asignado por la Defensoría.

Incluso, el juez del caso ese día se vio obligado a explicar que no es responsable de estas dilaciones y que toda la responsabilidad recae en la Defensoría y el Inpec que, según él, no está haciendo remisiones de reclusos desde hace unos días al Palacio de Justicia porque los carros de dicha entidad no tienen gasolina.

Una vez conocido el nuevo aplazamiento, familiares y amigos de Lady realizaron un plantón para exigir que se agilice el proceso y se pueda hacer justicia en este caso.

Incluso, el secretario de Seguridad de la ciudad, Andrés Villamizar, dijo en Twitter que: “Esto es inaceptable. Alcaldía de Cali pagó recompensa. Policía y Fiscalía actuaron con diligencia para individualizar y capturar responsables. No es posible que dejen caer este caso. ¡Este execrable crimen no puede quedar en la impunidad!”.

El lío del sistema penal acusatorio en Cali pasa por un tema de coordinación y eso afecta a la justicia, dice José Eudoro Narváez, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura.

“Acá se necesita que todas las entidades del sistema, como Defensoría, Fiscalía, jueces, Inpec, trabajen de una manera armónica para que las audiencias puedan desarrollarse a cabalidad”, expresó el magistrado, quien dijo que así es imposible garantizar el debido proceso.

“Tenemos que repensar todo el sistema, hemos pedido tener un software? que interactuara con todos las entidades involucradas, de tal manera que las audiencias no fracasen. Hoy en día en Cali están fracasando entre el 40 % y el 50 % de las audiencias”, acotó Narváez.

Por su parte, Juan David Castillo, abogado del Grupo Jurídico Lex VII, afirma que más del 60 % de las audiencias que maneja se aplazan por múltiples causas.

“La principal razón por la que no se realiza una audiencia es porque el Inpec o la Policía no llevan a las personas que están privadas de la libertad o con medida de aseguramiento, argumentando que no tienen plata para la gasolina o que no tienen suficiente pie de fuerza”, aseguró Castillo.

“También se aplazan las audiencias porque los fiscales no pueden atenderlas, pues cada uno puede tener hasta 600 procesos por despacho y muchas se cruzan. O porque los juzgados están muy congestionados. O porque la logística de la Defensoría está desordenada”, afirma el abogado.

A su vez, una fuente de la Fiscalía dice que la solución sería nombrar más abogados defensores para garantizar el derecho a la defensa y por el lado del Inpec realizar una reestructuración.

El caso de Lady
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El lunes pasado, por segunda vez, se tuvo que aplazar la audiencia en Cali contra los presuntos asesinos de Lady Morales por varias razones.

Una vez fue porque los detenidos no tenían abogado. Posteriormente, el abogado de los implicados no asistió al Palacio. Luego renunció.

Ahora es porque la Defensoría del Pueblo aún no les ha asignado un abogado de oficio y porque el Inpec no está haciendo remisiones de reclusos porque no tiene para la gasolina de los vehículos.