El drama que vive Buenaventura por cuenta de la violencia: crecen desplazamientos masivos

Masivos desplazamientos y confinamiento son las dos caras de la violencia que ha sacudido los últimos años a Buenaventura, y que a finales de 2021 se trasladó a la zona rural, en el Bajo Calima, provocando la salida de al menos mil familias, mientras que alrededor de un 30 % de la población no se atreve a irse por miedo.

La situación, de acuerdo con algunos testimonios, se agudizó el pasado 23 de noviembre, cuando se habrían registrado fuertes enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), del Clan del Golfo, que llegaron del Chocó, y el ELN, que hace presencia en ese lugar desde hace unos cuatro años.

Los primeras habrían ordenado el cese de toda actividad por el río y la prohibición de labores cotidianas como la pesca y siembra de cultivos de pan coger, con las que sobrevivían estas comunidades. Los segundos, les habrían dado plazo para abandonar el pueblo en tres días.

Esto llevó a que más de 800 familias, entre población afro e indígena, salieran hacia Cali, la mayoría, y otras pocas a la cabecera municipal de Buenaventura, que vive su propia violencia tras los enfrentamientos entre los Shotas y los Espartanos (antigua banda La Local), que también ha generado desplazamientos internos.

En el Bajo Calima, asegura a RCN Radio una de las personas que llegó esta semana al casco urbano, viven ahora la tristeza, el temor, la soledad y el abandono. “A uno le da miedo irse para la finca donde vivíamos de la papa china, el arroz, eso se quedó allá porque no hemos podido salir a trabajar. La chiva sale pero no como antes, sale vacía, uno teme que no pueda regresar, por eso no estamos allá”.

Casi el 80 % de la gente ha abandonado el territorio, pero igual otras personas permanecen confinadas porque temen que al salir haya enfrentamientos y queden en medio del fuego cruzado.

Por su parte, Elmer Chocho, gobernador de la comunidad indígena de Valledupar, ubicada en la cabecera del río Bajo San Juan, afirmó en RCN Radio Buenaventura que el desplazamiento se debe a la presencia de grupos armados ilegales.

La situación es tan crítica, dice, que aunque la comunidad había venido resistiendo durante mucho tiempo el conflicto armado, esta vez “nos obligaron a abandonar nuestros territorios, nuestras cosas, a abandonarlo todo”.

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La zona del Bajo Calima tradicional-
mente ha tenido presencia del ELN por los límites con el Chocó, porque tiene salida al Pacífico, pero también con el Eje Cafetero y parte de Antioquia.

Este miércoles 2 de febrero llegaron más de diez familias. Hombres, mujeres, niños y ancianos. No saben cuándo puedan volver, esperan que el Alcalde y el Ejército les den las garantías para un retorno seguro.

El abogado Jaime Larrea, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca, Aciava, dijo que hay más de mil familias en desplazamiento forzado en municipios como Cali, Buga y Dagua.

De Valledupar llegaron 15 y 35 del sector de Guayacán, mientras que desde Puerto Pizario, el resguardo más grande sobre el San Juan, declaran el confinamiento de más de 180 familias, es decir, casi un municipio sobre el Bajo San Juan. Pero también está Pichimá Quebrada, en donde son más de 20 familias las afectadas.

Estas comunidades, aseguró Larrea, están a la espera de salir con un mínimo de garantías, al tiempo que desmintió las declaraciones de los comandantes de la Fuerza Pública que dicen que todo está normal. “En el territorio y en el río no se oye en este momento que haya una prohibición, pero no está funcionando el transporte comercial. Los habituales recorridos que hacía la gente, tanto de los consejos comunitarios como de los reguardos en sus ríos, haciendo pesca, cacería y labores agrícolas, no las están cumpliendo porque están amenazados. Igual sucede en otras comunidades sobre la carretera Cabal Pombo”, sostuvo.

¿Qué hay detrás del enfrentamiento entre las AGC y el ELN?

El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, explicó que el 23 de noviembre hizo presencia un grupo de cien hombres armados que se hacía denominar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, del Clan del Golfo, proveniente del Chocó, en las veredas Guadual, San Isidro y La Colonia.

Identificaron personas, quemaron viviendas, asesinaron a dos jóvenes y amenazaron a toda la comunidad produciéndose el desplazamiento masivo. Hasta la semana pasada eran 800 familias, pero el martes último sumaban mil, alrededor de 2500 personas.

Según el prelado, la comunidad ha quedado en medio de tres actores armados: uno legal, que es la Armada Nacional, y los otros dos ilegales, el ELN y las AGC.

La disputa es por el territorio, porque las zonas del Bajo Calima y el río San Juan se han convertido en territorios cocaleros, además de la minería ilegal. Estos dos componentes hacen que la zona sea muy importante para el tráfico de drogas, de armas y delincuencia. “Dominar este territorio es una salida al mar que conecta a Buenaventura, el Valle, y también los municipios del Chocó y lugares estratégicos para sacar la droga hacia Centroamérica”, precisó.

Por su parte, el personero de Buenaventura, Edwin Janes Patiño, confirmó que desde la Procuraduría se han adelantado dos subcomité de prevención y no repetición para atender la población que ha llegado al puerto.

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“Ya ingresamos como Ministerio Público para hacer la verificación, se hizo el censo poblacional y caracterización de las personas, son 836 familias que se han desplazado, además de las comunidades que están confinadas en el territorio”.

Y añadió: “Ingresamos la semana pasada conjuntamente con la Unidad de Víctimas y estamos en la atención prioritaria de esas personas, pero hay una desolación absoluta, hay territorios que están solos, solos”, subrayó.

En otros encontraron dos o tres familias, mientras que en San Isidro hay una comunidad confinada por restricciones de movilidad por las amenazas de los grupos armados.

De las 836 familias, 180 llegaron a Buenaventura, porque la gran mayoría se desplazó a Cali, debido a la confrontación que se vive en el casco urbano entre las bandas locales, los Shotas y los Espartanos, que dejaron el pasado 30 de diciembre, siete homicidios. “Al venirse a los barrios, habría mucha más vulnerabilidad”, reconoció Patiño.

También señaló que en los desplazamientos se ha producido el asesinato de dos jóvenes y el fin de semana el de una adolescente de 15 años, cuya muerte está en investigación.

De otro lado, el defensor regional del Pueblo, Gerson Alejandro Vergara, expresó que la Administración les entregó un subsidio a las familias que están en los albergues, además de bonos de alimentación para una semana, mientras se remite la declaración a la Unidad de Víctimas.

Desde la Defensoría también se ha hecho monitoreo en terreno y se logró que la Fuerza Pública tomara el control de la zona, porque el objetivo es que las familias puedan retornar a sus territorios con acompañamiento.

Inicialmente llegaron 30 familias a Cali, después 180, el lunes 500 y el martes ya sumaban 780.

El alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal, aseguró que están comprometidos en la atención de las comunidades, pero reiteró que lo que se vive en el puerto es una crisis humanitaria, y advirtió que “la violencia no es de Buenaventura, está en todo el país”.

Amplían intervención

El ministro de Defensa, Diego Molano, durante su visita a Buenaventura del pasado jueves, anunció que el Plan Especial de Intervención se amplía por seis meses, al tiempo que aseguró que 1040 hombres de la Fuerza Pública garantizarán la seguridad en las comunas de la población.

Dijo también que uno de los propósitos de esta iniciativa es evitar el reclutamiento de jóvenes por parte de las bandas locales.

Adicionalmente, contará con diez policías judiciales y un grupo itinerante de la Fiscalía y la Policía, mientras la Armada ayudará con dos pelotones.