¿Dónde están los exguerrilleros?

Ante la innegable crisis que vive la construcción de la paz, el país necesita abrir un debate público para corregir debilidades de este proceso y asegurar su culminación exitosa.

El preocupante informe de la Misión de Verificación de Paz de la ONU sobre el incumplimiento de acuerdos y el abandono de miembros de la Farc de los espacios territoriales para la reintegración es grave. La inquietud ciudadana es natural, pues estos hechos pueden inducir a otros desmovilizados a abandonar el proceso y eventualmente regresar a la violencia y a la vida ilegal.

Según el general José Mejía son nueve los exguerrilleros de rango alto y medio que han desistido de su esquema de seguridad. Los miembros de la Comisión del Senado que viajó a Miravalle, Caquetá, ratificaron que Márquez sigue desaparecido y solo encontraron una misiva de Fabián Ramírez, quien dice conservar su grupo de protección y respetar el acuerdo. Nadie sabe a ciencia cierta dónde están Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez (El Paisa) y Henry Castellanos (Romaña), todos ausentes de la cumbre que realizó la Farc en Bogotá para evaluar los acuerdos. A esto se suma que la Fiscalía investiga un presunto encubrimiento de jefes ausentes de las zonas de reincorporación, hechos que podrían violar la Constitución y la ley.

Los días pasan y aumenta la incertidumbre que afecta la credibilidad del proceso. El presidente Duque ha pedido establecer plazos para que Márquez y sus compañeros de ‘fuga’ den la cara y digan si continúan en su partido, y solicitó que tanto la JEP como la Fiscalía indaguen por su paradero. El país urge resultados de esas investigaciones, y si se confirman las especulaciones sobre posibles salidas del país no notificadas a la JEP o cualquier otro incumplimiento, tendrán que adoptarse las decisiones correspondientes, incluida la pérdida de beneficios de la justicia transicional, para salvaguardar los objetivos más ambiciosos de la reintegración eficaz.

No queremos que el proyecto de reincorporación a la vida civil se vaya al traste. No hay duda de que el pasado gobierno incumplió compromisos. Por eso, será tarea del presidente Duque reforzar las políticas de infraestructura rural, la titulación de tierras, la seguridad de líderes sociales y la sostenibilidad financiera de la reparación a las víctimas, para que el Estado honre su palabra. Y es urgente que la JEP trabaje con dedicación y objetividad en las áreas que tiene bajo su responsabilidad para que con su amplio mandato garantice que los jefes desmovilizados cumplan sus compromisos.

En cuanto a la Farc, la sociedad no puede tolerar sus incumplimientos. Hacerlo sería abrir la puerta a una espiral de impunidad que minaría aún más la frágil legitimidad de los acuerdos. Las directivas de la Farc que estén comprometidas con la paz y con el Estado de Derecho, y que se han beneficiado de unos acuerdos indiscutiblemente provechosos para ellos, deben informarle al país a la mayor brevedad el paradero de los exguerrilleros que estarían quebrantando lo concertado. Y deben poner en práctica lo que acordaron en Cuba.

Más allá de todo esto, es importante que el Gobierno presente las propuestas concretas que el presidente Duque anunció en campaña para fortalecer los marcos de justicia transicional y corregir sus vacíos. Esa justicia es uno de los pilares que, con la verdad, la reparación y la no repetición, son garantía de convivencia duradera.
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