Debate: ¿se invierte bien la plata de la tasa de seguridad en el Valle?

Al menos hasta final del próximo año se continuará cobrando la tasa especial de seguridad y convivencia para inversión en la protección de todos los municipios del departamento. Así lo confirmaron funcionarios de la Gobernación, quienes aseguran que la idea es que se realicen los trámites legislativos para continuar su aplicación después del 2024.

Hace pocos días la tasa estuvo en los titulares por la sentencia C-101 de 2022 de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional un apartado de la Ley 1421 de 2010 que les permitía a los departamentos y municipios imponer tasas o sobretasas especiales para financiar los fondos, es decir, las cuentas territoriales de seguridad para mejorar la seguridad ciudadana.

La decisión de los magistrados enseguida generó el interrogante de si ahora ya no se va a hacer ese cobro y cuál será su futuro inmediato.
Desde Cali, uno de los municipios que más aporta a este impuesto, hubo voces que se elevaron para cuestionar el destino de los recursos que se han recaudado, en comparación con los resultados obtenidos.

“Lo que queda claro es que este recaudo no se podía crear por ordenanza, como se hizo. Solamente el Congreso es el organismo habilitado para crear leyes en el país, por lo tanto en este momento ese aparte de la ley es inconstitucional, eso es claro. Lo que me estoy preguntando es por qué si desde que se inició el cobro, que fue en 2017, el 70 % de los aportes anuales los hace Cali pero no recibe casi aportes.

En este tiempo Cali ha aportado más de $70.000 millones, pero solo se han invertido $5000. El resto del presupuesto se fue a otros lugares, como por ejemplo Buga. Nada de eso está mal, pero sí quiero llamar la atención es sobre por qué no hay correspondencia entre lo que aporta Cali y la inversión en seguridad que se hace en ella”, dice el concejal Juan Martín Bravo, quien precisa que los índices de violencia en la capital superan a los de la mayoría de otros municipios.

“El cobro de la tasa de seguridad se invierte de manera directa en las autoridades del Valle. Nos ayuda a fortalecer la logística de la Fuerza Pública”. Camilo Murcia, Secretario de Seguridad del Valle.

“Cali cerró el 2021 con 1221 homicidios, siendo una de las ciudades más violentas del país, además hubo 12.575 denuncias de hurto, eso sin tener en cuenta el enorme subregistro que hay porque la gente no denuncia.

Entonces cuando estamos así de inseguros y la sobretasa de seguridad no se ve reflejada en Cali, por lo que creo que se justifica que desde el Concejo se le pida a la Gobernación que rinda cuentas y que le digan a los caleños en qué se basan para hacer la distribución de los recursos”, insistió y, finalmente, pidió que se suspenda por su declaratoria de inconstitucionalidad.

Lía Patricia Pérez, directora jurídica de la Gobernación del Valle, explicó que el cobro se seguirá haciendo ya que “los efectos de esta decisión se difieren por el término de dos legislaturas, razón por la cual se podrá seguir realizando para fomentar la seguridad ciudadana en todos los municipios del Valle del Cauca”.

La tasa de seguridad y convivencia se cobra a través del recibo de los servicios públicos de energía para los estratos 4, 5, 6 y el sector comercial e industrial del país.

La funcionaria añadió que los recursos se invirtieron en el Centro de Gestión de Emergencias en Buga, desde donde se monitorea el sistema de cámaras de videovigilancia y la interconectividad digital de las autoridades con los municipios.

“Además, se han adquirido drones de largo alcance para fortalecer la operatividad de la Fuerza Pública, se compraron más de 200 motocicletas y cinco camionetas nuevas para el Ejército y la Policía. Además, se ha fondeado el plan de recompensas que ha permitido dar golpes contra la delincuencia en la región”, agregó.

Por su parte, Camilo Murcia, secretario de convivencia y seguridad ciudadana del Valle, señaló que “a partir de 2024 tendremos que hacer el trámite ante el Congreso de la República para que tenga el sustento correspondiente y poder seguir adelante. Pero los recursos correspondientes a los vallecaucanos para 2022 y 2023 están vigentes y cuentan con la presunción de legalidad de la tasa correspondiente a la seguridad y convivencia en el departamento”.

Desde el 2024, la Gobernación dijo que se tendrá que hacer el trámite ante el Congreso, todo con el fin de poder seguir haciendo el cobro de la tasa de seguridad.

La Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana fue aprobada por la Asamblea del Valle en el 2016, como una alternativa para recaudar los recursos mediante la factura de servicios públicos entre los estratos 4, 5 y 6, el sector industrial, comercial, oficial público y especial, para fortalecer las capacidades operativas de las autoridades.

Actualmente, para atender a los ciudadanos que solicitaron la exclusión de la facturación a través de los servicios públicos o quienes se encuentran en mora, la Gobernación habilitó un portal para descargar la factura individual.

La Ley de Seguridad Ciudadana recientemente en las plenarias del Senado y la Cámara. A lo que espera una revisión constitucional en la Corte y la sanción presidencial.