Cárcel y multas a la protesta, lo que propone un proyecto de ley en el Congreso

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Cárcel y multas a la protesta, lo que propone un proyecto de ley en el Congreso

Mayo 08, 2019 - 11:30 p.m. Por:
Redacción de El País
Tanqueta del Esman en La Agustina durante enfrentamientos con la minga indígena

Esmad en medio de la minga indígena.

Foto: Raúl Palacios / El País

En los cuatro primeros meses de 2019 se han registrado en Colombia 1286 protestas, 504 concentraciones, 338 marchas y 236 asambleas. El saldo: 1 integrante del Escuadrón Antidisturbios muerto, 35 policías y 3 militares heridos y 37 particulares lesionados.

Esa es una de las principales motivaciones que tuvo el representante a la Cámara liberal Víctor Manuel Ortiz para presentar el proyecto de ley que regula la protesta social y se “crean tipos penales”.

Su objetivo, asegura, es buscar el fortalecimiento de las medidas que garanticen el derecho constitucional a la protesta pacífica. Por ello, planteó “judicializar y condenar a quienes se valgan de la protesta para cometer actos violentos que dañen los bienes públicos o privados, hechos que atenten contra la seguridad de los protestantes, el orden público y la autoridad, o acciones que desprestigien el buen comportamiento de la misma”.

En su iniciativa propone penas de entre 4 y 8 años y multas de entre 100 y 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes durante la movilización dañen, atenten o destruyan los bienes públicos o privados o se ataque a la Fuerza Pública.

Pero, si se descubre que “se obró en coparticipación criminal”, se ocultan el rostro total o parcialmente, se les encuentra explosivos o portes de armas, podrán enfrentar penas de hasta diez años de prisión y multas de hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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El debate

Élmer Montilla, de la Federación Sindical Agropecuaria, Feusagro, considera que la protesta social “ha sido el único mecanismo para garantizar el acceso a derechos sociales, políticos y culturales”. Por eso, a su juicio, el proyecto representa la “agudización del conflicto social”.

Mientras, Juan David Jaramillo, del Departamento Penal de la Universidad Sergio Arboleda, cree que la iniciativa tiene “un buen espíritu” porque busca evitar la violencia en las manifestaciones sociales tanto de quienes protestan como de la Fuerza Pública.

Sin embargo, “no está de acuerdo con la forma elegida para plasmar ese espíritu” porque la mayoría de los comportamientos incluidos en el proyecto ya están tipificados y consagrados en el Código Penal.

Un ejemplo de ello, explica, es el Artículo 67, que castiga el daño en bien público o el atentado contra la Fuerza Pública. “Eso ya lo sanciona el Código en los artículos 165, 166, 429, 111 y siguientes”.

Agrega que “los comportamientos violentos ameritan una sección, ligeramente más alta. ¿Cuál es la razón? Que las personas que protestan de manera violenta están menoscabando el derecho, están empañando el significado de esa protesta. Proponemos una solución más sencilla que puede combatir la violencia en el marco de las manifestaciones, añadir circunstancias de mayor punibilidad en Código Penal”.

Entre tanto, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, antes de analizar la iniciativa pone como antecedente la sentencia C-223 de 2017 con la que la Corte Constitucional declaró inexequible el título VI del Código de Policía.

Explica que ahí la corporación, respondiendo a una demanda que presentó esa universidad, dijo que “la regulación del derecho a la reunión, manifestación y protesta se tiene que hacer por ley estatutaria y los códigos son leyes ordinarias”.

Por otro lado, comenta que la protesta debe ser pacífica y quienes utilicen la violencia o el vandalismo deben responder por ello. Y reafirma lo dicho por Jaramillo: “El Código Penal ya cuenta con esos delitos, como el daño en bien ajeno, cuya pena está agravada si el daño recae por ejemplo en bienes de uso público; o la violencia contra servidor público”.

Lo que resulta preocupante —dice— es la creciente tendencia a criminalizar la protesta social; ya que en el artículo 2 del proyecto de ley se dice que “‘el que promueva, ayude, financie, facilite, estimule, incite, induzca o proporcione los medios a realizar la conducta descrita en el artículo 367C’ tendrá sanción penal, vale la pena preguntarse ¿qué es propiciar, ayudar o estimular?, ¿lo sería acompañar al que daña un bien o ataca a un policía o estar en el lugar donde ocurrieron los hechos? Esto es bastante peligroso y discutible”.

Ponente

El representante a la Cámara del Partido Farc Luis Alberto Albán, ponente del proyecto, sostiene que “ya hay demasiada estigmatización a la protesta y no se puede confundir el orden público con protesta social”. Alega que las protestas en un país son directamente proporcionales a la falta de satisfacción de los derechos de la ciudadanía.

“Seguramente si el Estado cumpliera con sus obligaciones con mayor puntualidad, la protesta sería menor. No puede ser que solo le ofrezca multa y cárcel a la ciudadanía, más cuando está identificado el problema de hacinamiento carcelario”, añade y anuncia que los ponentes del proyecto presentarán una ponencia para hundirlo.

Por ahora, lo único claro es la audiencia pública en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que se realizó la semana pasada y en la que participaron cerca de 20 organizaciones que fijaron su postura, la mayoría pidiendo que se archive la iniciativa que desde mediados del año pasado ronda el Congreso de la República.

Lo que propone el proyecto

Artículo 367 C. Vandalismo en la Protesta Social. El que en protesta, manifestación o movilización pública, dañe, atente o destruya los bienes públicos o privados; atente contra la integridad física de los miembros de la Fuerza Pública, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 100 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena será de 6 a 10 años de prisión y multa de 501 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en los siguientes casos: 1. Obrar en coparticipación criminal. 2. Ocultando su rostro total o parcialmente, de tal manera que no permitan su identificación o la dificulte. 3. Fabrique, transporte, almacene, distribuya, ofrezca, venda, suministre, adquiera, tenga en su poder, lleve consigo, porte armas o explosivos de fabricación casera o artesanal, o sustancias corrosivas o similares. 4. Si la conducta de los daños causados sobre los bienes públicos o privados, cuyo valor superen los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.

Artículo 367 D. El que promueva, ayude, financie, facilite, estimule, incite, induzca o proporcione los medios a realizar la conducta descrita en el artículo 367C, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 367 E.El que incite, dirija, constriña, realice o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o de manera permanente, selectiva o general las vías o la infraestructura del transporte público o privado por los sitios no autorizados por la autoridad competente, para desarrollar las protestas, manifestaciones o marchas públicas o se atenten contra los bienes que lo integran, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 100 salarios mínimos mensuales legal vigente.

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