Así va el pulso político por la elección del nuevo Contralor General

“La lista actual ya fue rediseñada con criterios de mérito e igualdad de género. Rehacerla es presuntamente irregular y genera riesgos de carácter jurídico”. Esta fue la ‘sentencia’ que el senador Humberto de la Calle ‘dictó’ sobre la decisión de empezar de cero el proceso de escogencia del próximo Contralor General de la Nación.

Sin embargo, pese a esa y otras advertencias, los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Racero, insisten en la idea de que una nueva comisión accidental entreviste hoy a 17 aspirantes al cargo para preseleccionar a los 10 que serán entrevistados por el Congreso la próxima semana.

Pero lo que se asegura en los pasillos del Capitolio es que las directivas del Legislativo que se acaba de instalar, al parecer, quieren aprovechar los errores que cometió el anterior Congreso para ‘abrirle campo’ a un candidato que sería cercano al electo presidente, Gustavo Petro. Se trata de Julio César Cárdenas, quien trabajó en la alcaldía de Bogotá.

Solo que, de ser cierto, ese proceder no solo estaría en clara contradicción con la crítica que en campaña se le hizo al saliente Gobierno de Iván Duque por, supuestamente, querer cooptar todos los organismos de control para personas cercanas a él, sino que, como lo advirtió De la Calle, también podría poner en entredicho la solidez legal del nombramiento.

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La historia
Para definir el reemplazo del saliente contralor general, Felipe Córdoba, el Congreso cuyo período terminó el pasado 20 de julio, se había constituido una lista de elegibles que fue anulada por un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó rehacerla porque incumplía, entre otros, con los requisitos de equidad de género.
Ante ello, cuatro días antes del fin del periodo legislativo se nombró una comisión accidental que conformó un nuevo listado que, supuestamente, cumplía lo dispuesto por el tribunal.

Sin embargo, al asumir la presidencia del Congreso, Roy Barreras anunció: “Hemos derogado todo lo actuado por la comisión anterior, se crea una nueva subcomisión accidental, respetando los fallos de los jueces, y será la encargada de revisar las 20 hojas de vida que clasificaron en sus resultados para escoger a las diez personas, mujeres y hombres, que serán sometidos al escrutinio del Congreso”.
Y agregó que “después de revisar las circunstancias jurídicas y de revisar los fallos, hemos decidido acatar las sentencias judiciales en dos elementos que son clarísimos: la paridad de género y calificación de mérito, además de dar todas las garantías para clasificarlos”.

Pero ahí comenzaron los problemas, porque juristas como Francisco Bernate aseguraron que el procedimiento de elección del Contralor está establecido en la Constitución y no se puede modificar. “Lo que se está creando es una comisión que no está establecida en la ley y que no se ha usado en otras elecciones para definir este cargo tan importante”, dijo y advirtió que podría “generar inestabilidad en el cargo de quien resulte electo”, ya que los no elegidos o cualquier ciudadano podría demandar.

Fue entonces cuando de la Calle, Lidio García y otros miembros de la nueva comisión accidental renunciaron a ese nombramiento.

Lo cierto es que ayer Barreras recurrió a Twitter para decir: “Agradezco a TODOS los congresistas que han confirmado esta mañana que cumplirán con su deber constitucional y legal NO RENUNCIABLE de ejercer sus funciones mañana en la Comisión que adelantará el proceso de selección de los 10 elegibles al cargo de Contralor”.

Y agregó: “A todos reitero tranquilidad absoluta del correcto proceder jurídico, a pesar de que los amenazan con prevaricatos INEXISTENTES. El único prevaricato real es la OMISIÓN en el ejercicio de sus funciones. El miedo NO es causal para dejar de cumplir con el deber”.

Pero también ayer se conoció una declaración conjunta de los partidos Liberal, de la U, Conservador y Cambio Radical anunciando su apoyo a la candidata María Fernanda Rangel, con lo que ella sumaría más de la mitad de los votos que necesita para ser elegida, lo que, según fuentes del Congreso, implicaría un ‘golpe de Estado’ para el oficialismo.