Defensoría se pronunció sobre la crítica situación que viven menores de edad en el Guaviare

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado de atención a las entidades tanto nacionales como regionales del país, para que presten atención a la grave situación de derechos humanos que enfrentan las comunidades indígenas, en especial los menores de edad, en el departamento de Guaviare.

“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que a pesar de haber alertado sobre situaciones que afectan a la población del departamento del Guaviare, particularmente a las comunidades de los pueblos indígenas Jiw y Nükak, no se han adoptado medidas que permitan su prevención”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Por esta razón esta entidad pidió aunar esfuerzos y mostrar un compromiso real que evite la vulneración de sus derechos.

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La situación en este departamento es muy preocupante, porque según cifras de la entidad, en 2022 se instauraron más de 300 acciones, particularmente por la vulneración de los derechos a la salud, para el retorno o reubicación de comunidades y medidas de protección y restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes afectados, entre otros.

Así mismo la entidad informó que a través de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo ha venido brindando apoyo, asesoría y representación judicial y extrajudicial a 256 sujetos de especial protección constitucional, entre los que se destaca el acompañamiento al 100% de los casos de violencia contra la integridad sexual en el departamento.

En este sentido la entidad informó que durante esta semana adelantó una labor especial de verificación de la situación actual de los niños y niñas en esa región del país. Resultados que serán entregados en un informe que será presentado en una mesa de trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación.

“Nuevamente instamos a las instituciones llamadas a garantizar los derechos de esta población, particularmente a la Gobernación del Guaviare, a la alcaldía de San José del Guaviare, a la Unidad para las Víctimas, al ICBF , a la Agencia Nacional de Tierras y a los ministerios de Educación, Salud y Defensa, entre otras, para que de manera urgente y sin dilaciones actúen para el restablecimiento de los derechos, en especial a la atención psicosocial de las víctimas de violencia sexual, y así asegurar de esta manera la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas Jiw y Nükak”, concluyó el defensor del Pueblo.