Demanda de nulidad contra decreto del salario mínimo fue admitida por el Consejo de Estado, pero su autor la retiró

Ante las críticas por posibles consecuencias negativas para la economía que ha generado el Decreto 1469 de 2025 del Gobierno Nacional que aumentó el salario mínimo en Colombia para el 2026 en un 23,78 %, varios sectores del país han empezado a radicar demandas ante la justicia, con el fin de que la medida sea derogada.

Una de esas acciones fue interpuesta ante el Consejo de Estado por iniciativa del abogado Germán Eduardo Castro Marín.

Sin embargo, se conoció recientemente que la demanda de nulidad fue retirada, pese a que el tribunal ya la había admitido. La razón de esta decisión que tomó por sorpresa a muchos se relaciona con amenazas directas y mensajes de odio que empezó a recibir el demandante, quien aseguró que han puesto en peligro a su familia.

"Mi actuación se enmarcó estrictamente en el deber ser del abogado: la protección de la Constitución, el respeto por la Ley y la defensa de la institucionalidad económica del país frente a actos administrativos que, técnicamente, adolecen de vicios de forma y motivación”, afirmó Castro Marín a través de un comunicado.

El jurista aclaró que emprendió la demanda no por acciones políticas o personales, sino porque hizo un análisis técnico de la Ley 278 de 1996 y la jurisprudencia vigente que le indicaban que el salario mínimo en el 23,78 % impactaría la economía y el bolsillo de los ciudadanos.

“Ninguna controversia jurídica, por importante que sea para la nación, vale más que la seguridad y la paz de mi hogar. (...) Atacar al litigante por ejercer la ley es atacar la democracia misma”, enfatizó al abogado, al pedir respeto por su familia y por otras personas que emprenden acciones judiciales totalmente legítimas.

Los argumentos de la demanda

Esta demanda de nulidad ante el Consejo de Estado cuestionaba la metodología que el Gobierno usó para determinar el aumento del salario mínimo. Por lo tanto, para el demandante hubo una “falsa motivación y desviación de poder” del Ejecutivo, al advertir que no se tuvo en cuenta una justificación suficiente y al haber usado estimaciones técnicas externas.

“El Gobierno estableció así, una política de ajuste por brecha salarial basada en estimaciones técnicas externas, para justificar un aumento muy superior a los parámetros económicos definidos por la ley colombiana”, señaló Germán Eduardo Castro Marín.

Otros de los cuestionamientos de la demanda indica que, a diferencia de años pasados, en esta ocasión no se tuvo en cuenta el proceso de concertación histórica entre los sindicatos y los gremios empresariales para definir el incremento del salario mínimo, ya que ambos propusieron porcentajes inferiores al 23,78 %.