Fenalco radica demanda ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión del decreto de aumento del salario mínimo

Durante los últimos días, al Consejo de Estado han estado llegando una gran cantidad de demandas que buscan derogar el Decreto 1469 de 2025 del Gobierno Nacional, en el que se declaró el aumento del salario mínimo en un 23,78 % para el 2026, quedando en los dos millones de pesos.

Una de esas acciones la ha radicado la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), pidiendo una solicitud de suspensión provisional urgente contra la decisión del Ministerio del Trabajo.

Según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, la decisión del Ejecutivo desconoció el marco legal y constitucional vigente al aplicar criterios no contemplados en la ley y sustituir las variables obligatorias para la fijación del salario mínimo.

Estas son: inflación, productividad, PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional; por el concepto de “salario vital”, construido a partir de referentes de la OIT sin carácter vinculante.

Adicionalmente, el gremio advirtió que se desconoció la competencia exclusiva del Dane como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del IPC, fundamento esencial para la medición de la inflación en el país.

El vocero de los comerciantes también cuestionó que el decreto no explica de manera clara y verificable cómo se pasó de variables económicas que justificaban ajustes del 6,21%, a un incremento del 23,7%, sin sustento técnico suficiente.

Fenalco en su demanda solicitó la suspensión provisional inmediata de la medida argumentando que su aplicación genera impactos irreversibles, presiones inflacionarias adicionales, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas.

Frente a este contexto, Fenalco le hizo la solicitud al Consejo de Estado para que deje sin efectos el decreto y suspender su aplicación mientras se adelanta el análisis judicial, con el propósito de proteger el interés general, la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país.

“Esta no es una discusión contra los trabajadores, que se verán seriamente afectados por la inflación generada como consecuencia de la medida. Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país. Hacemos un llamado al Consejo de Estado para que prevalezca el interés general del país por encima de los intereses politiqueros del Gobierno”, enfatizó Cabal.

Cabe recordar que una tutela con los mismos propósitos fue presentada recientemente por Alejandro Linares, exmagistrado de la Corte Constitucional, ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Según Linares, el incremento del salario mínimo tendría efectos inmediatos e irreversibles principalmente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que constituyen cerca del 99.7 % del tejido empresarial colombiano.