Choque entre Petro y empresas de seguridad privada por alza en tarifas de vigilancia; gremio le responde al Presidente

El presidente Gustavo Petro generó una fuerte controversia tras publicar un mensaje en la red social X donde instaba a las asambleas de copropietarios a rechazar los ajustes en los servicios de vigilancia basados en el salario mínimo. El mandatario sugirió que los incrementos deberían regirse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Las asambleas de propietarios de propiedad horizontal, por favor no caer en arribismos. Cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante. Tomen el índice de inflación como base. Rechacen cualquier empresa empresarial o de la administración del edificio a elevar al costo total de la administración al salario vital”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Ante estas declaraciones, los gremios de seguridad privada emitieron un comunicado conjunto rechazando las afirmaciones presidenciales.

“Respetuosamente, le hacemos un llamado presidente ⁦⁦Gustavo Petro, para que rectifique la información sobre las utilidades de los servicios de las empresas de seguridad privada con cifras y datos de la supervigilancia para claridad de nuestros usuarios de servicios", detallan las agremiaciones por medio de un mensaje en redes sociales.

El sector asegura que el mensaje oficial induce al error a la ciudadanía, ya que la tarifa de vigilancia en Colombia no es libre ni depende de la oferta y la demanda, sino que está estrictamente regulada.

Las empresas del sector recordaron que existen múltiples normas, como el Decreto Ley 356 de 1994 y el Decreto 1561 de 2022, que obligan a indexar el costo del servicio al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

Esta estructura busca garantizar el pago de horas extras, recargos y prestaciones sociales.

Estructura de costos y riesgos de la informalidad

Los gremios calificaron como una “generalización sin sustento técnico” la afirmación de que los dueños de estas empresas ganan el doble por cada vigilante.

Según las cifras del sector, los costos laborales representan el 85% del valor total del servicio, mientras que los márgenes de utilidad no superan el 4%.

Actualmente, el sector emplea a cerca de 400.000 personas de manera formal. Las organizaciones advirtieron que contratar servicios por debajo de la tarifa mínima regulada no representa un ahorro, sino un riesgo legal que podría derivar en multas de entre 20 y 40 salarios mínimos para los usuarios.

La Circular 20251300000115CS, expedida el 30 de diciembre de 2025, es el documento oficial que rige los precios actuales. Los gremios insistieron en que el incumplimiento de estas tarifas puede acarrear sanciones económicas severas e incluso la cancelación de las licencias de funcionamiento para las empresas.

Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.