Aumento del salario mínimo encarecerá la vigilancia privada y podría impulsar la informalidad, advierte gremio del sector

El aumento del salario mínimo decretado para 2026 tendrá un impacto directo en los costos del servicio de vigilancia privada en Colombia y podría incentivar la contratación ilegal, advirtió la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada, Confevip.

De acuerdo con el gremio, el incremento del 23,78 % en el salario mínimo, sumado a otros ajustes laborales, generará un aumento acumulado superior al 30 % en el costo del servicio para los usuarios en un periodo de apenas seis meses. Esta situación afectaría principalmente a conjuntos residenciales, pequeñas y medianas empresas y usuarios que dependen de la vigilancia privada.

El gremio explicó que, además del aumento salarial, los costos se incrementan por la reducción de la jornada laboral sin disminución del salario y por la ampliación del horario nocturno, que ahora va de 7:00 p. m. a 6:00 a. m., lo que implica mayores recargos salariales.

“Estos costos laborales adicionales deben ser asumidos por las empresas de seguridad y, de manera inevitable, trasladados al usuario final”, señaló la organización, al indicar que actualmente el costo de un servicio de vigilancia con tres vigilantes en turnos de 24 horas cerrará 2025 en aproximadamente $19.304.355 mensuales, cifra a la que deberá sumarse el nuevo incremento del salario mínimo en 2026.

Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, advirtió que este escenario podría afectar la contratación formal en el sector. “En menos de seis meses el cliente va a recibir un aumento del 30 %. Sin duda alguna, las administraciones de los conjuntos residenciales y las pequeñas empresas no van a poder contratar este servicio o van a disminuir la contratación, lo que se traduce en mayor desempleo, menos contratación y, por ende, menos ingresos para las empresas y menos ingresos fiscales para el Gobierno”, afirmó.

El dirigente gremial también alertó sobre el riesgo de un aumento de la informalidad. “Es posible que los usuarios acudan a buscar sustitutos en la ilegalidad, contratando empresas que no conservan los temas laborales o que busquen en los sistemas tecnológicos otras formas de contratar el servicio mucho más económico”, señaló.

Díaz indicó que, aunque el incremento salarial permitirá una mejor remuneración para los trabajadores del sector, los altos costos podrían dificultar aún más la contratación formal en un contexto en el que, según el gremio, la informalidad ya se ubica entre el 57 % y el 58 %.

“Con estos altos costos, en Colombia va a ser mucho más difícil contratar personas de ahora en adelante”, concluyó.