Defensoría pide investigar al concejal ‘El Gury’ Rodríguez por polémicas declaraciones sobre bombardeos

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las declaraciones del concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como “El Guri”, quien solicitó ataques militares contra territorios donde la candidatura presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilcué obtuvo mayor votación.

“Las expresiones conocidas públicamente podrían configurar conductas graves, incluso delictivas, que deben ser evaluadas por las autoridades competentes, entre ellas posibles actos de instigación a delinquir, amenazas colectivas, hostigamiento o conductas asociadas a discriminación y violencia política. El fuero derivado del ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio, perfilamiento territorial o incitación a ataques contra la población civil”, precisó la Defensoría.

La oficina estatal defensora de derechos humanos calificó las afirmaciones del edil como un discurso “incompatible con el Estado Social y Democrático de Derecho” que desconoce la dignidad humana y pone en riesgo la vida de millones de colombianos, al señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas, lo que constituye una estigmatización que no puede justificarse con “ninguna diferencia política, ideológica o electoral”.

Subrayó que las expresiones de Rodríguez parten del supuesto de que la votación amplia por la candidatura de Cepeda evidencia el constreñimiento de grupos armados, una afirmación que rechazó rotundamente, porque parte de un supuesto que circula en redes sociales.

Rodríguez dijo que le daba “un consejo al próximo presidente de este país y también al alcalde de esta ciudad y al gobernador, si ya sabemos exactamente en qué mesas hubo irregularidades de porcentajes superiores al 80 % de votos dirigidos a Iván Cepeda, entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas”.

Aida Quilcue aseguró hoy que “la narrativa del “voto fusil” que la ultraderecha quiere generar desconoce que millones de colombianos y colombianas, cerca de la mitad del electorado del país, han respaldado democráticamente nuestro proyecto político” y advirtió que el Pacto Histórico, declarado en oposición, no permitirá ese tipo de estigmatización de sus votantes.

Para la Defensoría, “ninguna diferencia política, ideológica o electoral puede justificar llamados a acciones dirigidas a comunidades enteras ni la estigmatización de poblaciones por la forma en que ejercieron su derecho al voto”, señaló.

La entidad recordó que la Constitución Política protege el pluralismo, la participación política y la libertad de conciencia como pilares de la democracia y que “la libertad de expresión no ampara discursos orientados a promover la violencia, la eliminación del contradictor político ni la destrucción de sectores de la población por sus opiniones o decisiones electorales”.

Enfatizó que quienes ejercen funciones públicas tienen un “poder-deber de información cualificado” que obliga a observar estándares reforzados de veracidad, diligencia, responsabilidad, imparcialidad y respeto por los derechos humanos. Según el comunicado, estos deberes impiden que la autoridad pública utilice su posición para “estigmatizar poblaciones, asociar decisiones electorales con criminalidad o promover acciones violentas contra territorios y comunidades”.

Contextualizó la gravedad de las afirmaciones en un país “atravesado históricamente por la violencia y la persecución política, y la acción armada en contra de comunidades enteras”. Según la entidad, asociar territorios con la idea de “enemigo” por el sentido de su voto “alimenta narrativas de exclusión y profundiza la polarización social que tanto daño le ha causado al país”.

Reiteró su llamado a los liderazgos políticos, sociales e institucionales para que actúen con “responsabilidad democrática”, desescalen el lenguaje violento y tramiten las diferencias a través de mecanismos constitucionales. “La democracia exige reconocer al contradictor político como un actor legítimo, no como un enemigo a destruir”, concluyó el comunicado.

El caso de Rodríguez se suma a una escalada de discursos polarizantes en el país tras los comicios presidenciales, que ha generado preocupación en la comunidad internacional y en los organismos de derechos humanos por el riesgo de violencia política contra poblaciones que votaron por candidaturas de oposición.