Deportaciones exprés vuelven a tomar fuerza en Estados Unidos tras un fallo favorable a Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo una importante victoria judicial esta semana, luego de que una corte federal de apelaciones autorizara la reactivación y ampliación de las llamadas “deportaciones exprés”, una medida que podría impactar a miles de inmigrantes que llevan años, e incluso décadas, viviendo en ese país.

La decisión, adoptada por un Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, en una votación dividida de dos contra uno, permite que las autoridades migratorias vuelvan a aplicar el mecanismo de expulsión acelerada en cualquier lugar del territorio estadounidense.

Esta herramienta permite deportar a ciertos migrantes sin que sus casos sean revisados por un juez de inmigración.

Hasta ahora, este procedimiento estaba limitado principalmente a personas detenidas cerca de la frontera o poco después de haber ingresado a Estados Unidos.

Sin embargo, tras regresar a la Casa Blanca, Trump ordenó ampliar el alcance de la medida para que pudiera aplicarse a inmigrantes indocumentados que no logren demostrar que han residido de manera continua en el país durante al menos dos años.

Cabe decir que, dicha política había sido suspendida en 2025 por una jueza federal que consideró insuficientes las garantías para evitar errores y proteger los derechos constitucionales de los afectados.

En su fallo, la magistrada advirtió que existía el riesgo de que personas con derecho a permanecer en Estados Unidos fueran expulsadas injustamente.

No obstante, la mayoría de los magistrados del tribunal de apelaciones concluyó que las salvaguardas actuales son suficientes y que los funcionarios migratorios no tienen la obligación de proporcionar asesoría legal a quienes enfrentan estos procedimientos.

De hecho, pese a que la guía interna de ICE indica que los agentes deben conceder un tiempo “breve pero razonable” para presentar la documentación, a fin de evitar ser deportados de manera inmediata, nada define qué tipo de pruebas son aceptadas, lo que en últimas termina por permitir, que sean expulsados de manera exprés, sin un control que garantice el debido proceso.

Con ello, el Gobierno recupera una de las herramientas que considera fundamentales para acelerar las expulsiones de inmigrantes en situación irregular.

La decisión generó preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, entre ellas la American Civil Liberties Union, que sostiene que el sistema es propenso a errores y podría afectar a personas que han construido su vida en Estados Unidos durante largos periodos.

Estas organizaciones advierten que muchos inmigrantes podrían tener dificultades para demostrar de inmediato cuánto tiempo llevan viviendo en el país, lo que aumentaría el riesgo de deportaciones equivocadas.