Los abogados defensores de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, le enviaron una carta al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en la que recusan al jefe del ente investigador y a los otros fiscales asignados al caso que se le sigue al actual diputado por posible lavado de activos, luego de que su exesposa denunciara supuestos manejos indebidos de dineros que pretendían llega a la campaña de su papá.

Después de la discusión que se generó entre el presidente Petro y el Fiscal General de la Nación, después de que el mandatario afirmara que él era el jefe de Barbosa, los abogados de Nicolás Petro emitieron un documento en el que solicitaban que esa situación no afectara el proceso de su defendido.

La Fiscalía, que encabeza Francisco Barbosa, anunció investigaciones, tras conocerse las explosivas declaraciones de la exesposa de Nicolás Petro.

En la carta pública, manifestaron que veían con preocupación la discusión entre los dos altos funcionarios, a tal punto que, de escalar al plano personal, se afectara a su defendido e incluso aseguraron que ya hay indicios de lo que puede pasar, debido a las declaraciones hechas pro el fiscal Barbosa en medio de un debate.

“Consideramos que el Fiscal General no ha debido mencionar a Nicolás Petro en su discusión personal con el Presidente de la República, porque induce a considerar que la investigación contra nuestro representado puede afectarse por un sesgo personal y político”, se lee en el comunicado.

Por esa razón, los defensores de Petro enviaron una carta solicitándoles al Fiscal General y a Luis Fernando Merchan, (fiscal 13 especializado en Lavado de Activos de Bogotá) y a cualquier otro subalterno de Barbosa que esté al tanto de ese caso, que se “declaren impedidos para continuar con el conocimiento del proceso en el que se investiga al hijo del Presidente, y que el mismo se pase a un Fiscal Ad Hoc”.

La defensa de Nicolás Petro interpreta en las ruedas de prensa en las que ha participado el Fiscal General que él está actuando desde una postura política que le impediría ser objetivo en el proceso sancionatorio. | Foto: Facebook Nicolás Petro

Los abogados se basan en el Fiscal General no tiene elementos de valoración objetiva suficientes para continuar con el caso, que permitieran sostener que no existe ningún tema de juicio moral que afecte la sentencia a dictar. “La enemistad no solo es grave (el fiscal Barbosa envió a su familia al exterior por razones de seguridad), sino que además ya parece una vendetta familiar”, afirmaron los abogados.

Otro punto que mencionan los juristas es que el sentimiento de oposición contra el presidente Petro afecta el juicio, imparcialidad y objetividad del fiscal Barbosa y sus fiscales delegados contra el actual disputado por el Atlántico, puesto que, además de haber llevado la confrontación al plano familiar (como se mencionó anteriormente), el Fiscal se ha referido reiterativamente al caso del hijo del Mandatario, dejando con duda su capacidad de poder para someterlo a un juicio parcializado y sesgado.

Además, durante una rueda de prensa del fiscal Barbosa le hacen una pregunta en relación con el caso Petro, a la que él responde que se sentía orgulloso de haber realizado capturas, condenas e implacables persecuciones, en casos que nada tienen qué ver con este, lo que, según los abogados defensores, demuestra un sesgo personal y político.

Mientras que hace dos días en otro medio de comunicación el jefe del ente investigador “fuera de todo contexto y sin relación con la entrevista, se mostró intimidante con la investigación contra Nicolás Petro”, se indicó por parte de los abogados.

Lo que piden los abogados es que se designe un fiscal ad hoc para esta investigación distinto a Barbosa, a causa de su “pelea” con el Presidente de la República.

A lo largo de la recusación, los juristas usaron varias sentencias de la Corte Constitucional para constatar que “el servidor judicial que advierta a la luz de la opinión pública su inquina e interés en conducir sus decisiones judiciales ejerciendo el poder que otorgan las leyes y bajo su amparo, debe ser recusado, cuando no declarado su impedimento”.

En el documento quedaron explícitas las declaraciones del jefe del ente acusador, por eso aseguran que se abre paso la recusación.