“Para febrero 2022, pendiente fecha exacta, pero desde ya hay que empezar a hacer los alistamientos. Objetivo: golpear militarmente las fuerzas vivas enemigas, ratificar la validez de la lucha armada revolucionaria ante el país y el mundo”. Así dice uno de los tantos documentos encontrados por los organismos de seguridad en los computadores de los jefes del Eln abatidos por la Fuerza Pública.

Allí está el origen de una embestida terrorista en varias regiones del país entre las cuales está en primer lugar Cali. Basta recordar lo que se desató a partir del 28 de abril de 2021, cuando la ciudad más importante del suroccidente de Colombia fue epicentro del terror. Desde entonces, la capital vallecaucana fue escenario de la mezcla de terrorismo, el vandalismo y la unión de todos los factores de violencia encabezados por el narcotráfico, para sembrar el miedo en sus habitantes.

Esa estrategia, conocida por décadas cuando se trata del Eln y repetida en innumerables ocasiones en toda Colombia, sigue causando estragos con ataques como el perpetrado el pasado 7 de enero, que dejó heridos a 15 miembros de la Policía. Fue realizado en Puerto Rellena, lugar que ha tratado de convertirse en símbolo de la protesta social pero que sin duda fue utilizado por los promotores del terrorismo para sembrar el desconcierto en la sociedad caleña.

Igual actividad se desarrolla en el oriente de Colombia, en la zona fronteriza con Venezuela, país donde se alojan varios cabecillas de esa organización aprovechando la protección que les ofrecen sus autoridades. Son miles los colombianos los que han padecido los atentados terroristas en las últimas semanas, aumentados por la guerra que por el control del narcotráfico y de sus rutas adelantan quienes manejan ese grupo y ahora han extendido su campo de terror afectando a los habitantes del vecino país.

Y frente a esa amenaza, reaparece la presión para dialogar con el Eln que empiezan por reconocerle carácter político a sus actos delincuenciales, el primer paso para exigir el cese bilateral de fuego y detener la obligada y en muchos casos efectiva persecución de la Fuerza Pública. De ahí se explica el porqué de las bombas contra las sedes de la Policía y el Ejército y los atentados contra los integrantes de esos cuerpos de seguridad, lo cual deja una cifra lamentable de servidores públicos asesinados o lesionados por cumplir con su deber.

Los correos descubiertos por las autoridades indican que la estrategia es diseñada por quienes conforman el comando central del Eln y se encuentran en Cuba, protegidos por el gobierno de ese país sobre la base de que actúan como garantes de un proceso de diálogo que terminó hace cuatro años. La pregunta es si esas actividades forman parte de un proceso de diálogo político.

Por todo ello, Colombia no puede seguir siendo la víctima de quienes se escudan en la diplomacia para seguir cometiendo crímenes de toda clase. Y el mundo no puede mantener la ingenuidad de creer que hay una inspiración noble y política en el terrorismo del Eln que ahora también deja víctimas en Venezuela.