Decir que los retos que enfrenta Cali a causa de los estragos que le dejó el terremoto del pasado 10 de agosto son de grandes proporciones no es una frase de cajón. Es la realidad sobre la que cada ciudadano, hay sido víctima directa o no del sismo, debe concientizarse hasta entender que no es una situación que se vaya a resolver en el inmediato plazo y que requiere el concurso de todos.

Por supuesto hay tareas más urgentes, la más importante de ellas era el rescate y la búsqueda entre los escombros de la mayor cantidad de personas sobrevivientes posibles. Esa fase, como lo han anunciado las autoridades, ya terminó. Tristemente, no es posible encontrar más vida humana ni animal entre las edificaciones derruidas en la ciudad.

Pero eso ni mucho menos quiere decir que ya no se requieren más ayudas. Por el contrario, cada día se van conociendo más casos de personas que lo perdieron todo a causa del terremoto o que están a punto de hacerlo porque los expertos les están informando que sus viviendas, así se hayan mantenido en pie, deben ser demolidas o que por lo menos no podrán ser habitadas antes de que se les hagan costosas reparaciones.

Es a ellas a quienes la empresa privada y los gobiernos municipal, departamental y nacional deben socorrer mediante la entrega de auxilios y todo tipo de ayudas económicas que les permitan acceder lo más pronto posible a una vivienda digna o reparar cuánto antes el que era su hogar hasta antes del 10 de agosto.

Los primeros cálculos hablan de alrededor de diez billones de pesos y de un plazo estimado de tres años para reconstruir no solo los lugares de habitación de miles de caleños, sino también edificaciones públicas que se vinieron al piso o que tienen que adecuarse para poder ponerlas de nuevo al servicio de la ciudadanía.

Y obviamente se sabe que hay prioridades, como garantizar que todos los caleños que resultaron afectados por el terremoto cuenten con un techo seguro, pero en medio de eso también hay otras edificaciones que son muy importantes para una sociedad y de las cuales el Estado igualmente debe hacerse cargo, ojalá con la colaboración del capital privado.

Se trata de las iglesias y de los escenarios culturales de Cali y otros municipios del Valle del Cauca, para hablar únicamente de nuestro departamento, que urgen recibir el apoyo necesario para reconstruirse y seguir brindando el soporte espiritual, anímico y de desarrollo pleno de la personalidad y la humanidad que significan para sus usuarios.

Casos puntuales pero dicientes son la Catedral de Cali, la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la Iglesia La Merced, el Teatro Municipal, el Museo La Tertulia o la Biblioteca Departamental, para hablar solo de la capital vallecaucana, que resultaron afectados por el movimiento telúrico que se convirtió en histórico por la magnitud de los daños que ocasionó.

Ojalá las dependencias oficiales encargadas de hacer el censo de edificaciones damnificadas que recibirán ayudas para su reparación incluyan estos templos religiosos o culturales, porque, en medio de una tragedia tan grande como la que vive nuestra región, este tipo de recintos y las actividades que se realizan en ellos se convierten en el soporte espiritual y emocional que muchos vallecaucanos también necesitan para sentir que pueden salir adelante y alimentar la esperanza de un futuro mejor.

Ojalá así lo entiendan las autoridades pertinentes pero también los empresarios que saben que una ciudad cuyos habitantes no cuentan con espacios culturales ni espirituales está destinada al estancamiento de su desarrollo como sociedad.