En muy buena hora la Alcaldía de Cali, por vía de su Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, ha presentado a consideración del Concejo Distrital, para su estudio y eventual aprobación, la que ya es conocida como la ‘Política Pública de reconciliación para la paz de Cali 2026-20359’. Se trata del Proyecto de Acuerdo No. 081, que es el producto de un trabajo de elaboración que viene desde la administración anterior, la de Jorge Iván Ospina, y que la actual de Alejandro Eder decidió ajustar y ampliar el diálogo ciudadano antes de su presentación.
En los asuntos públicos hay una especie de dicho, según el cual, a cada problemática o necesidad, no se le niega una política pública. Es una manera irónica de decir que es el camino recurrente para enfrentar los diferentes y complejos desafíos de lo público, sin que por ello se garantice necesariamente que no termine, como en la mayoría de los casos, en un documento de solo papel.
De manera que, en principio, hagamos dos anotaciones: el documento presentado por la Secretaria de Paz Distrital de Cali tiene trabajo y elaboración, lo cual hay que reconocerle al equipo involucrado en su formulación. Recoge además la participación ciudadana gestada en 42 espacios y que involucró a más de 2000 participantes, dando prelación a sectores clave como los sociales, de mujer y juventud. Señala 4 grandes aspectos como ‘Problema Público Identificado’: debilidades en las capacidades para tramitar pacíficamente nuestras conflictividades; violencias persistentes en distintos ámbitos (familiar, comunitario, etc); brechas para asumir procesos de memoria y reconciliación y limitaciones para poder avanzar, mas y de mejor manera, en la aplicación de la justicia transicional, que es aquella que apuesta por el restablecimiento de los vínculos entre ofensores, victimas y comunidades, que la violencia y los conflictos han roto o debilitado.
Esta política pública busca “promover procesos sostenidos de reconciliación en el Distrito Especial de Santiago de Cali mediante el fortalecimiento de la cultura de paz, la transformación pacífica de los conflictos, el reconocimiento de las memorias y la inclusión social de las poblaciones afectadas por el conflicto armado” y se propone una respuesta integral estructurada en tres ejes estratégicos interrelacionados: memorias y reconciliación; prevención de violencias y procesos de paz.
He acompañado varias de estas conversaciones que se han facilitado en y desde el Concejo Distrital a instancias de los concejales ponentes, Alexandra Hernández y Roberto Ortiz y allí se han escuchado aportes muy valiosos, de los propios concejales y sus equipos, así como muchos otros de entre los cuales destaco los del Instituto de Investigación e Intervención para la Paz de Univalle, los Jueces de Paz y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que apoya la Fundación Instituto para la Construcción de Paz (Ficonpaz) como la Red Amplia La Colcha y colectivos juveniles.
Y es deseable que otros muy importantes, como los del Consejo Distrital de Paz, Reconciliación y Convivencia de Cali (Cdprc), igualmente puedan llegar y ser tenidos en cuenta.
A mi entender, están aquí varios asuntos en juego, comenzando, como lo han reclamado los concejales ponentes, lo desea la administración distrital y lo requiere la ciudad, de una política pública que realmente opere y funcione, para lo cual se necesita, entre muchas otras cosas, de voluntad política, coordinación y presupuestos suficientes.
El otro asunto es el de pensarse esta política pública en términos de un momento crucial en el que también confluyen proyectos estratégicos de ciudad, como la formulación del POT, la transición a Cali Distrito, la Visión Cali 500+, entre otros, que de conjunto deberán poder acercarnos a una Cali más incluyente y reconciliada.