El panorama económico para Colombia en este 2026 no parece tan claro, pese a que el Gobierno Nacional insiste en que hay indicadores positivos y que sus decisiones impulsarán el crecimiento.
En entrevista, Luis Fernando Mejía, quien hasta diciembre pasado fue director de Fedesarrollo y ahora liderará su firma de consultoría Lumen Economic Intelligence, asegura lo que está pasando en el país: el déficit fiscal, el alto endeudamiento y el mayor gasto es algo preocupante que impactará a los colombianos en la inflación y en mayores impuestos, como ya se está viendo.
El economista, que fue Director de Planeación Nacional y tiene más de trece años de experiencia en los sectores privado y público, hizo un llamado para que los colombianos se aprieten el cinturón para evitar gastos que no sean necesarios ante un año “difícil”.
¿Cómo ve usted este año en materia económica para Colombia?
Será un año complicado, más difícil de lo que seguramente se había anticipado al cierre del 2025. Y yo diría que por tres temas fundamentales: la gravedad de la situación fiscal. Este año otra vez el déficit va a estar por encima del 6 % del PIB y el próximo Gobierno recibirá una situación muy frágil en ese frente. Seguramente lo obligará a anunciar un plan de ajuste fiscal.
La segunda preocupación tiene que ver con los efectos del aumento del salario mínimo, que estuvo muy por encima de cualquier cálculo, y eso va a tener implicaciones tanto en el frente de inflación como en términos del mercado laboral, especialmente va a deteriorar la calidad del empleo formal. Eso también será una difícil herencia para el próximo Gobierno.
Y en tercer lugar mencionaría también la preocupación en el frente de crecimiento e inversión: la economía viene creciendo, pero una cifra que no es nada comparable con el crecimiento de largo plazo de nuestro país, que debería estar en el 3,5 %.
Con una tasa de inversión que está en mínimos de 20 años, será difícil mantener ese crecimiento si no hay ajustes en la política económica.
Así que yo creo que será un año difícil, bastante más de lo que se había anticipado y seguramente más difícil que lo que fue el 2025.
Usted pinta un año complejo, pero si se le pregunta al presidente Petro diría lo contrario, que las cifras económicas van bien, ¿quién tiene la razón?
En lugar del discurso político, yo creo que vale la pena simplemente mirar las cifras, y le menciono algunas: Colombia hoy en día tiene la tasa de inversión más baja en 20 años. Es un dato, no es una opinión. Eso muestra que la sostenibilidad del crecimiento está en entredicho.
Colombia, el año pasado, cerró con una inflación por encima del 5 %. Los países pares, como Chile, México, Perú, están ya con inflaciones por debajo del 5%, incluso del 4 %. Así que no se ha logrado retornar a los niveles de largo plazo y la inflación es el impuesto más regresivo que existe y a quienes más impacta es a las personas más pobres.
Y, en términos del déficit fiscal, Colombia tuvo el año pasado un déficit que superó el 6 % del PIB y este año también lo va a tener. Son cifras que están muy por encima de lo que había sido el déficit promedio en Colombia, que era 3,5 % del PIB.
Entonces, por supuesto, la economía está creciendo, el desempleo está bajando, pero esto está sustentado en factores que no son sostenibles.
Las políticas populistas, como mantener un déficit abultado y un gasto que realmente no es sostenible, por supuesto que tienen impactos positivos. Por eso se llaman populistas, porque tienen impactos en el corto plazo que son populares. El problema es cuando venga el momento del ajuste, pues la economía va a pagar justamente el guayabo de ese gasto desbordado que ha tenido infortunadamente el Gobierno Nacional.
Por estos días ha sido muy polémico el tema de la deuda del Gobierno y la manera cómo se ha venido financiando con altas tasas, ¿qué tan cierto es esto y qué impacto tiene en la gente?
La deuda se puede pagar a través de mayores impuestos o a través de mayor inflación, y Colombia ha venido utilizando las dos estrategias. Nunca habíamos tenido deudas que se acercaran al 60 % del PIB, como ha sido la dinámica en los últimos años. Y reitero: eso se tiene que pagar con impuestos o con inflación y ninguna de las dos son buenas noticias para el bolsillo de los hogares. Entonces, si Colombia continúa de esta manera, el tamaño del ajuste que va a tener que hacerse será muy difícil.
Por eso es importante que el próximo Gobierno, apenas se posesione, pueda anunciar un plan de ajuste fiscal que involucre seguramente la necesidad de mayores impuestos, pero especialmente, lo más importante, recortes del gasto público. Colombia no puede mantener los niveles de gasto que tiene actualmente.
¿Qué tan altos son los intereses que paga el Gobierno Nacional por la deuda?
Estamos pagando intereses más altos. De hecho, hoy en día Colombia se financia al 13 % o más con bonos de títulos de deuda a diez años. Es una de las tasas más altas a nivel mundial. Uno de cada tres pesos del ingreso del Gobierno se está destinando a pagar la deuda pública.
Entonces, la buena noticia es que Colombia sigue teniendo acceso a los mercados de crédito. Por supuesto, sigue habiendo demanda, pero todo eso tiene un límite. Si no hay planes de ajustes serios, recortes del gasto público, recortes del déficit fiscal, vamos a llegar a una situación en la cual no solamente las tasas de deuda reales van a continuar subiendo, sino que vamos a perder acceso a los mercados de crédito.
¿El próximo Gobierno va a tener que tomar decisiones difíciles sin importar quién llegue a la Casa de Nariño?
Indudablemente, pero ratifico: no solamente una reforma tributaria, que seguramente tendrá que hacerse. Lo más importante es que se debe recortar el gasto público, que hoy en día está en niveles que son insostenibles.
No hay ninguna crisis que permita justificar un déficit tan alto. Entonces, el próximo Gobierno, independiente de su inclinación ideológica, sea de izquierda, de centro o derecha, tendrá que hacer un ajuste fiscal. Eso es inexorable. De hecho, el mercado, parte de lo que está anticipando, es justamente eso, que Colombia siempre ha actuado con la responsabilidad que se requiere para poder tomar las medidas que son políticamente costosas, pero que le permitan retomar esa senda de sostenibilidad de las finanzas públicas.
¿Cuáles son las cifras de ese crecimiento del gasto público?
El gasto primario en Colombia usualmente era más o menos entre 14 % y 15 % del PIB. Hoy en día ese gasto primario está alrededor del 19 % del PIB.
¿Qué es el gasto primario? Es el gasto del Gobierno sin pago de intereses. O sea, esto no es un tema de que ha subido el gasto total por aumento en los intereses de la deuda. Eso sí ha ocurrido, pero, incluso descontando el efecto de esos mayores pagos de intereses, porque han subido las tasas de interés, el gasto primario ha aumentado cerca de cuatro puntos del PIB.
Estamos hablando, mal contados, de $ 80 billones adicionales de gasto. Realmente ese ha sido el aumento luego de la pandemia. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo?: que Colombia ha sido, tal vez, el único país de la región que aumentó su gasto de manera importante en el momento de la pandemia, en el 2020, pero nunca lo recortó, a diferencia de otros países.
¿Y en qué se está gastando eso el Gobierno Nacional?
Ha habido aumentos en la nómina estatal, no solamente en el orden nacional, sino, por ejemplo, de otras ramas del poder público, incluyendo organismos de control.
Ha habido aumentos en el pago de pensiones, en el pago de las transferencias a las entidades territoriales que también han presionado mucho la caja de la Nación y también aumentos en los pagos de pensiones, especialmente los regímenes especiales. Así que no hay un único ‘culpable’, pero indudablemente la combinación de estos cuatro elementos explica el aumento del gasto primario.
Hay otra polémica por estos días relacionada con la emergencia económica, si es o no constitucional. Más allá de esto, ¿cree que este es el camino?
La emergencia económica no tiene ninguna justificación, por cuanto pretende argumentar que hay un hecho sobreviniente, inesperado, relacionado con un deterioro de la situación fiscal. Pero si usted revisa, desde hace varios años se ha advertido la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas. Esto no es un hecho inesperado, no proviene de una catástrofe o de algún desastre natural, como pasó en el 2020.
Y, en ese sentido, una declaratoria de emergencia económica no tiene ninguna justificación. El Gobierno tiene toda la capacidad para, a través de los procedimientos ordinarios, poder hacer y tomar las medidas que se requieren, especialmente en materia de recorte del gasto público, lo cual se negó a hacer de manera importante durante el 2024 y el 2025. Pero especialmente esa declaratoria de emergencia económica rompe un principio republicano muy importante, que es que no hay tributación sin representación.
Esas discusiones tributarias tienen que darse en el contexto del Congreso de la República. Y esta historia de tratar de sacar una reforma tributaria por decreto, sin ningún hecho que lo justifique, naturalmente va en contravía de lo que requiere el país.
Precisamente hay una crisis con los gobernadores por esta emergencia económica, incluso no quieren implementarla por el impacto en los ingresos de los departamentos...
Eso nos vuelve al punto anterior y es que este tipo de discusiones afectan, por ejemplo las rentas del orden territorial a través de impuestos, como en este caso los licores, pues justamente deben hacerse en el Congreso de la República.
¿Por qué? Porque ahí se pueden escuchar las diferentes posiciones, la posición del Gobierno y la de las entidades territoriales. Y es el Congreso el que está llamado democráticamente a dirimir esas diferencias.
Si la Corte Constitucional no avala el decreto y no se puede aplicar, ¿qué cree que puede pasar con la finanzas del país?
Lo que tendrá que hacer el Gobierno, lo que debería haber hecho antes de emitir este decreto de emergencia económica, es recortar el gasto, tal y como lo hizo el año pasado.
Recordemos que en el 2024 el Gobierno planteó una ley de financiamiento por $ 12 billones al Congreso, que no la aprobó, y cuando el Gobierno saca el decreto del presupuesto, lo primero que hace es aplazar esos $12 billones. Es exactamente lo mismo que habría tenido que hacer en esta ocasión.
Esto no va a poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esos $ 11 billones mal contados que se buscan con la emergencia económica no son ni siquiera el 3 % del total del Presupuesto de la Nación, que supera los $ 500 billones.
Entonces, no puede argumentar el Gobierno que esto va a poner en riesgo la sostenibilidad del gasto público, la inversión o en materia de política social.
¿Todo esto cómo afecta a los colombianos?
Yo creo que hay dos cosas que afectan el bolsillo de las personas: uno, ya lo hablamos, y la inflación, que va a subir este año, indudablemente por el impacto del salario mínimo.
Eso es lo que quiere decir, que habrá un menor poder de compra de los hogares, porque la inflación no es otra cosa que la variación porcentual del costo de la canasta familiar. Esto incluye temas como alimentos, educación, salud, transporte, vestuario, vivienda y demás. Que la inflación suba más allá del 5 % a niveles del 6 % o el 7 %, pues lo que implica es que va a haber una pérdida del poder de compra.
Así que mucha precaución, este es el llamado para los hogares en este año, porque esos deterioros en esa capacidad adquisitiva van a venir.
El otro tema es la tasa de interés, pues el Banco de la República no tendrá otra alternativa que subir sus tasas de referencia y eso llevará a un aumento en el costo del endeudamiento para los hogares y las empresas.
Así que, si alguien tiene que endeudarse, por alguna razón, es mejor que lo haga ya y no que espere a esas subidas de tasas de interés que se van a dar a lo largo de este año.
En cualquier caso, será un año difícil. Y el llamado, entonces, es a estar con el cinturón apretado para evitar gastos que no sean estrictamente necesarios. Va a ser un año complicado y obviamente hay que actuar con mucha prudencia.